Este julio, las calles de Ucrania se convirtieron en escenario de las mayores protestas desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, contra la aprobación de la ley n.º 12414. Esta ley, votada el mismo día de su presentación en el Parlamento y firmada pocas horas después por el presidente Volodímir Zelensky, limitaba la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y de la Fiscalía Anticorrupción Especializada (SAP), instituciones consideradas clave en la lucha contra la corrupción y vitales para la ascensión de Ucrania a la Unión Europea.
Críticos y manifestantes la interpretaron como un “golpe crítico al proceso de integración europea” y un “paso hacia el autoritarismo”, temiendo el regreso a la era de Yanukóvich. La Comisión Europea expresó “serias preocupaciones” e incluso la OCDE advirtió que la ley podía "socavar su credibilidad entre los socios internacionales, incluidos los que consideran invertir en el sector de defensa de Ucrania y su reconstrucción a largo plazo".
Pero poco se habla de la perspectiva del gabinete de Zelensky y del silencio de los países europeos aliados, como Estados soberanos y no miembros de la Unión Europea. Con todo el ruido causado por los medios, todos con un enfoque idéntico, se olvidó de mirar más allá de la superficie.
Mientras el debate público giraba en torno a la “independencia” de las agencias, una amenaza más profunda se gestaba desde dentro. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) revelaron que la NABU había sido infiltrada por agentes rusos. Ruslan Mahamedrasulov, jefe de detectives de NABU, fue detenido por ayudar a su padre a vender cáñamo industrial a Daguestán. Otro miembro de la unidad élite D-2 de la NABU fue arrestado por espionaje. Zelensky declaró entonces la necesidad de “depurar las agencias de la influencia rusa”.
Además, una evaluación externa independiente de la NABU publicada en mayo de 2025, identificó varias vulnerabilidades internas, reconocidas previamente por la misma agencia, como filtraciones en investigaciones preliminares, falta de servicios imparciales y la inexistencia de un plan estratégico para mitigar riesgos internos.
En respuesta a la presión pública e internacional, Zelensky presentó un nuevo proyecto de ley (n.º 13533) que “garantiza la plena independencia” de las agencias, el cual fue aprobado y firmado el 31 de julio. No obstante, aún quedan preguntas por resolver.
¿Por qué se aprobó primero una ley que provocó semejante reacción para luego revertirla, sin que los estados miembros se pronunciaran? ¿Fue un error táctico del gobierno ucraniano, o una estrategia para resolver fallos internos usando la ley como un señuelo? Eso no cuadra.
Son preguntas muy interesantes, cuyas respuestas podrían indicar que hay mucho más detrás de lo que sabemos. Quizás lo ocurrido tenga que ver con la disminución del apoyo a la presidencia de Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea y que ella está demostrando su poder, marcando su terreno.
Además, ¿a quién benefician más las protestas: a Zelensky, que podría haber seguido otro camino legislativo, o a los agentes rusos, que planeaban ataques terroristas dirigidos a manifestaciones y fueron detenidos gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania?
También trato de entender todo el contenido que rodea una ley, porque la ley 12414 trataba de mucho más que NABU y SAPO. También abordaba la búsqueda de personas en tiempos de guerra, y ese aspecto fue aprobado sin discusión. El público no lo sabe, pero fue modificado tras la aprobación de esta ley. Y ahora, con la nueva ley que restaura la independencia de NABU, no se menciona el contenido completo de la anterior, ni se devuelve ni se modifica.
Entonces, ¿por qué? Sospecho que no basta con hablar solo de lo que genera ruido, sino también de lo que hay detrás. Porque está claro que para para Zelensky, para Ursula von der Leyen, para la Unión Europea y para los Estados miembros, el verdadero debate no era NABU ni la corrupción. Era simplemente la máscara que lo escondía.
