Todo indica que Pedro Sánchez, junto a su círculo más próximo -Rodríguez Zapatero, Félix Bolaños, Conde-Pumpido, Baltasar Garzón, María Jesús Montero, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y la plana mayor del sanchismo- se prepara para el siguiente paso en su hoja de ruta: reforzar su control del aparato del PSOE mediante el nombramiento de José Luis Rodríguez Zapatero como nuevo secretario de Organización, en sustitución de Santos Cerdán. O, en su defecto, colocar a algún otro fiel ejecutor de la línea más indecente y servil del partido.
Por muy grave que sea la situación institucional y judicial, resulta impensable que Sánchez y su guardia de asalto al Estado cedan un solo milímetro en una actitud mínimamente democrática. Saben que ceder implica exponerse a la acción de una justicia que les pisa los talones. Y eso, para ellos, no tiene precio.
Muchos, desde la ingenuidad, la esperanza y la irreflexión, siguen soñando con un adelanto electoral en otoño. Pero olvidan que nadie, con la amenaza penal acechando, se entrega voluntariamente a sus verdugos. Cuando una banda de poder ha perdido todo escrúpulo moral y está convencida de que el fin justifica los medios, la retirada no es una opción. Como en "Bonnie & Clyde", el régimen sanchista acelera sin freno hacia la única salida que contempla: huir hacia adelante, cueste lo que cueste, creando obstáculos a sus adversarios e imponiendo leyes amparadas por una mayoría antiespañola, antipatriota y separatista.
Saben que los tribunales avanzan, que las causas abiertas crecen, y que solo ganando tiempo pueden consolidar un entramado institucional diseñado para debilitar la justicia, manipular la democracia, pervertir las estructuras europeas y, en última instancia, ir conquistando objetivos que distraigan para seguir avanzando y salirse con la suya. Saben que mientras se mantengan unidos, nadie podrá obstruir sus fines.
La llamada Ley Bolaños es clave en este plan: busca neutralizar y desmoralizar a la judicatura, especialmente a aquellos jueces cercanos a la jubilación, arrinconados por un sistema que les empuja a claudicar. Se trata de un plan de desgaste institucional, un compendio de atajos y trampas jurídicas para avanzar hacia una realidad "fortuita" pero posible, donde la legalidad se adapte al proyecto político, y no al revés.
A todo esto se suma una monarquía reducida a una figura decorativa al servicio de un gobierno anticonstitucionalista -con un rey pusilánime y ausente y una reina consorte con aspiraciones republicanas y espíritu más rojo que un coche de bomberos- que actúa como tapadera de una posible mutación institucional, donde el sueño de una “república confederal” española con monarquía incluida podría ser una opción única que les permitiese distraer una dictadura encubierta.
Conde-Pumpido representa el último bastión del blindaje institucional. Desde el Tribunal Constitucional, trabaja para desactivar cualquier sentencia incómoda; reinterpretar la Constitución a medida del poder y diluir toda resistencia judicial bajo el paraguas de una supuesta legitimidad democrática.
El objetivo de medio plazo de Sánchez y Zapatero es claro: romper con la Unión Europea y la OTAN para eliminar cualquier injerencia exterior que pueda amenazar su modelo de poder y sobre todo su integridad personal y la de su familia. A cambio, buscan garantizar el apoyo de Marruecos como aliado estratégico y militar, e integrarse en el eje de los BRICS y el Foro de Sao Paulo, presentando a España como la locomotora de un nuevo "proyecto emancipador" latinoamericano de corte bolivariano.
Una utopía peligrosa, que puede convertirse en realidad si no se activa una resistencia firme, democrática y judicial antes de que el último tren hacia el Estado de Derecho parta sin retorno.
