Un país acostumbrado a los terremotos enfrenta otra vez la prueba de convertir la tragedia en aprendizaje.
Colombia recibió un recordatorio de su fragilidad. El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente del país el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocurrió apenas tres días después de la posesión del Gobierno 2026 - 2030. Más que una tragedia natural, el sismo terminó convirtiéndose en una radiografía inesperada de la capacidad del Estado para responder, coordinar y reconstruir.
El fenómeno no es, sin embargo, una amenaza desconocida. Colombia está situada en una región tectónicamente activa, marcada por la interacción de las placas de Nazca, Suramericana y Caribe. Su historia, entonces, está escrita también en terremotos.
En 1785, un fuerte sismo afectó Bogotá y buena parte del centro del país. En 1827, otro de magnitud 7,1, con epicentro en el Huila, fue uno de los más destructivos de la historia nacional. En 1875, Cúcuta sufrió otro terremoto devastador. En 1906, el escenario fue la costa del Pacífico, de magnitud 8,4 y afectó a Colombia y Ecuador. En 1967, el Huila volvió a estremecerse con un terremoto de magnitud 7,0.
Después llegaron dos fechas que forman parte de la memoria colectiva reciente: Popayán, en 1983, y Armenia, en 1999. El terremoto de Popayán dejó 250 muertos, miles de damnificados y daños severos; de aquella tragedia surgió el Decreto-Ley 1400 de 1984, que adoptó el primer Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes. En Armenia, el sismo de 1999 dejó 921 muertos y más de 21.000 viviendas averiadas o destruidas.
El terremoto de hace una semana plantea preguntas incómodas. ¿Está preparado el Estado para prevenir, responder y reconstruir? ¿Cómo se administrarán los recursos que exigirá la reconstrucción? ¿Puede una tragedia convertirse en una oportunidad para corregir desigualdades territoriales? ¿Qué papel deben desempeñar empresarios, comunidades y cooperación internacional? Y una más difícil: ¿qué ocurrirá cuando desaparezcan las cámaras?
La respuesta inmediata ha mostrado una extraordinaria movilización ciudadana y empresarial. Miles de colombianos han aportado dinero, alimentos, equipos y trabajo. Esa solidaridad conmueve y fortalece al país, pero no puede convertirse en sustituto permanente de las instituciones. La solidaridad puede llenar temporalmente los vacíos del Estado; pero no puede reemplazarlo.
También deberá explicarse con transparencia la política frente a las ofertas de cooperación internacional. En una tragedia de esta magnitud, la ayuda debería evaluarse por su utilidad, capacidad y necesidad, no por afinidades políticas o ideológicas. Reconstruir tampoco significa volver a colocar las cosas exactamente dónde estaban. Si una vivienda, un hospital, una escuela o una infraestructura demostraron ser vulnerables, reconstruirlos igual sería reconstruir el riesgo.
Popayán y Armenia dejaron enseñanzas. El desafío de 2026 es demostrar que fueron lecciones aprendidas. Porque el verdadero terremoto comienza cuando termina la emergencia: cuando llegan los contratos, los presupuestos, las viviendas por reconstruir y los años de espera de quienes lo perdieron todo.
Colombia no puede impedir que la tierra tiemble. Pero sí puede decidir cuánto daño está dispuesta a permitirle. Y lo que nadie olvida y evalúa con distintos criterios es el terremoto que recibe la institucionalidad del Estado y su capacidad para resolver el infortunio, Comentarios a jorsanvar@yahoo.com de la Red Internacional de Periodistas RIP Press.
