España recauda a niveles récord y mantiene grandes necesidades de inversión: estas son las cifras

España vuelve a situarse en el centro del debate sobre el tamaño y la eficiencia del sector público.
José Ramón Riera
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El economista José Ramón Riera ha puesto este lunes el foco en la evolución del gasto y los ingresos de las Administraciones Públicas y ha lanzado una pregunta que resume su crítica: “¿A dónde vamos?”.

En un vídeo publicado este lunes, Riera sostiene que España está aumentando sus gastos y sus ingresos públicos a un ritmo superior al de buena parte de las grandes economías europeas y cuestiona que ese mayor volumen de recursos se esté traduciendo en una mejora equivalente de los servicios públicos.

Su diagnóstico es contundente. Sin embargo, detrás de su valoración hay una cuestión que sí puede comprobarse con las estadísticas oficiales: España recauda más y mantiene un volumen elevado de gasto público, mientras la inversión pública continúa siendo uno de los puntos débiles de la economía española.

Los datos oficiales permiten, además, introducir algunos matices importantes a la interpretación del economista.

Eurostat confirma el elevado peso del gasto público, pero el dato requiere contexto

La última información de Eurostat sobre las cuentas públicas sitúa el déficit de las Administraciones Públicas españolas en el 1,9% del PIB en el primer trimestre de 2026, frente al 2,9% registrado un año antes. En términos desestacionalizados, España mejoró su saldo presupuestario durante ese periodo.

La fotografía europea es distinta. En el conjunto de la Unión Europea, el déficit se situó en el 3,1% del PIB durante el primer trimestre, mientras que en la zona euro alcanzó también el 3,1%.

Eurostat señala que estos datos son provisionales y proceden de las cuentas trimestrales de las Administraciones Públicas. La estadística incluye al conjunto del sector público, no únicamente a la Administración central.

Por eso, presentar el crecimiento del gasto como una clasificación de países debe hacerse con cautela. Un mayor crecimiento nominal del gasto no significa automáticamente que un país tenga el mayor gasto público de Europa, del mismo modo que un aumento de la recaudación no equivale por sí solo a una subida generalizada de impuestos.

España recauda cada vez más: la Agencia Tributaria cifra en 325.356 millones los ingresos de 2025

Donde sí existe un dato especialmente contundente es en la evolución de la recaudación tributaria española.

La Agencia Tributaria cerró 2025 con unos ingresos tributarios de 325.356 millones de euros, un 10,4% más que en 2024. El organismo explica que el incremento se debió tanto al crecimiento de las bases imponibles como al efecto de los cambios normativos y de gestión.

El dato es relevante porque muestra que el Estado está ingresando cantidades cada vez mayores, pero también permite matizar una de las conclusiones de Riera: no todo el aumento de la recaudación procede de subir los tipos impositivos.

Según la Agencia Tributaria, las bases imponibles agregadas de los principales impuestos aumentaron un 7% en 2025. Además, los cambios normativos y de gestión tuvieron un impacto positivo estimado en 7.820 millones de euros, equivalente a 2,7 puntos del crecimiento de la recaudación.

El crecimiento de los ingresos, por tanto, responde a una combinación de factores: mayor actividad y rentas nominales, evolución del consumo, cambios normativos y modificaciones en determinados impuestos.

El problema que señala Riera: cuánto de ese dinero acaba en inversión

La parte más interesante de la crítica del economista no está tanto en constatar que el Estado recauda más, sino en preguntarse qué se hace con esos recursos.

Y aquí sí existen datos que permiten abrir un debate.

Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) publicado en marzo de 2026 calcula que España mantiene una brecha de inversión en infraestructuras respecto a sus socios europeos de unos 19.000 millones de euros anuales de media entre 2019 y 2024. De esa cantidad, aproximadamente la mitad correspondería al sector público.

El mismo estudio señala que la inversión en infraestructuras se situó en torno a 13.000 millones de euros en 2024, equivalente al 1% del PIB, frente a los aproximadamente 28.000 millones registrados en 2007.

Otra estimación, en este caso de BBVA Research, apunta en la misma dirección. El banco considera que la inversión pública española sigue siendo insuficiente y calcula que la formación bruta de capital fijo público se situó en el 2,7% del PIB en 2024, frente al 3,6% de la Unión Europea.

El diagnóstico no es, por tanto, exclusivo de Riera: varios análisis económicos coinciden en que el reto de España no consiste únicamente en cuánto gasta el Estado, sino en qué proporción de ese gasto se dirige a inversión productiva y a mejorar el capital público.

Más recaudación no significa automáticamente mejores servicios

Riera vincula el aumento de los ingresos públicos con la situación de la sanidad, las infraestructuras, la educación, la seguridad y otros servicios.

Aquí conviene separar nuevamente valoración y datos.

España dedica recursos importantes a su sistema sanitario. Según los últimos datos comparables publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2023, el gasto sanitario total equivalía al 9,5% del PIB, aunque el gasto sanitario corriente se situaba en el 9,2%. Alemania alcanzaba el 11,7% y Francia el 11,5% del PIB en gasto sanitario total.

Eso no permite concluir que la sanidad española sea peor simplemente porque algunos países gasten más o menos. La calidad de un servicio público depende también de cómo se organiza, de su estructura de costes, de la demografía, de los salarios, de la eficiencia y de las necesidades de la población.

Sí existe, en cambio, un indicador objetivo que ilustra las tensiones del sistema: las listas de espera. El Ministerio de Sanidad mantiene un sistema específico de seguimiento y, en sus últimos datos consolidados, contabilizaba cientos de miles de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica y millones esperando una primera consulta especializada.

El debate, por tanto, no es simplemente cuánto se gasta, sino qué resultados produce ese gasto.

Educación: Cataluña sí aparece entre las comunidades con peores resultados, pero Riera simplifica el caso PISA

Otro de los argumentos utilizados por Riera en su vídeo se refiere a Cataluña y al informe PISA.

Aquí su afirmación necesita una corrección importante. Cataluña no dejó de proporcionar los datos de PISA, como puede interpretarse de sus palabras. La OCDE dispone de resultados de Cataluña en PISA 2022 y los incluye en sus análisis regionales.

Los resultados sí fueron preocupantes en comparación con otras comunidades. En matemáticas, Cataluña obtuvo 469 puntos, por debajo de la media española de 473 y muy lejos de comunidades como Castilla y León. En lectura y ciencias también registró resultados inferiores a los de las regiones españolas con mejor rendimiento.

La propia OCDE advierte, no obstante, de que los resultados regionales deben interpretarse con cierta cautela porque no fueron sometidos al mismo proceso de validación técnica que los resultados nacionales.

Por tanto, la afirmación de que Cataluña “paró el informe” no refleja correctamente lo sucedido. Lo que sí muestran los datos de la OCDE es un retroceso significativo del rendimiento educativo catalán en PISA 2022, especialmente en matemáticas y lectura.

El verdadero debate: cuánto recauda España y qué obtiene a cambio

La cuestión planteada por Riera conecta con uno de los debates económicos más relevantes de España: la relación entre presión fiscal, gasto público, inversión y calidad de los servicios.

Los datos oficiales permiten afirmar que la recaudación tributaria ha alcanzado niveles récord y que las Administraciones Públicas manejan un volumen de recursos muy elevado. También muestran que España mantiene importantes necesidades de inversión y que el gasto público no siempre se traduce automáticamente en más inversión productiva.

Pero sería igualmente incorrecto concluir que todo aumento de impuestos se convierte en gasto improductivo.

La Comisión Europea estima que el déficit público español se situó en el 2,4% del PIB en 2025, después de haberse beneficiado del fuerte crecimiento nominal de la economía y de la reducción del impacto de algunas medidas extraordinarias. La Comisión destaca además que el crecimiento de los ingresos estuvo impulsado por el IVA y el IRPF, entre otros factores.

España también ha conseguido reducir su déficit mientras mantiene una deuda pública todavía elevada. Eurostat situó la deuda española en el 101,6% del PIB en el primer trimestre de 2026, por encima del umbral del 60% fijado por las reglas fiscales europeas.

El problema fiscal español tiene, por tanto, varias caras simultáneas: se recauda más, se gasta mucho, el déficit se ha reducido, pero la deuda continúa siendo elevada y la inversión pública presenta carencias reconocidas por distintos organismos.

La pregunta que queda sobre la mesa

El vídeo de Riera plantea una cuestión política y económica que va más allá de sus cifras concretas: ¿está España obteniendo suficiente rendimiento económico y social de cada euro que administra el sector público?

Los datos no permiten responder con un simple sí o no. Sí permiten afirmar que España ha aumentado notablemente su recaudación tributaria y que existen déficits de inversión pública que distintos estudios han identificado. También muestran que el déficit público se ha reducido y que algunos indicadores sociales han evolucionado favorablemente.

La discusión, por tanto, no debería limitarse a determinar si España cobra más impuestos que antes. La cuestión de fondo es otra: qué parte de los recursos termina financiando servicios, qué parte se dedica a inversión, qué resultados obtiene cada euro gastado y cuánto margen queda para reducir deuda y afrontar las necesidades futuras.

Ese es precisamente el punto en el que la crítica de Riera adquiere mayor interés: no tanto en la metáfora futbolística de “ser campeones de Europa”, sino en la necesidad de medir el rendimiento del gasto público español.

Porque una Administración puede recaudar más y gastar más. La verdadera medida de su eficacia está en saber qué consigue con ese dinero.