A partir del 1 de enero de 2026, más de 300.000 vehículos sin etiqueta medioambiental dejarán de poder circular por Madrid ni salir de la capital, según ha confirmado la entidad De Vuelta, que ha advertido del enorme impacto económico y social que tendrá esta medida sobre miles de familias madrileñas.
El cambio se enmarca en el calendario de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, que restringe progresivamente la circulación de los vehículos más contaminantes en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Según explicó Pedro Javaloyes, portavoz de De Vuelta, la restricción “afectará al 15% del parque móvil madrileño, unos trescientos mil vehículos que, si no pasa nada, no podrán utilizarse a partir del próximo año”.
Un coste estimado de hasta 9.000 millones de euros
La entidad ha realizado una estimación económica del coste que supondrá la sustitución de estos coches. “Haciendo un cálculo prudente, entre 20.000 y 30.000 euros por vehículo nuevo, el impacto global se situará entre 6.000 y 9.000 millones de euros, una cantidad absolutamente tremebunda”, señaló Javaloyes.
El portavoz recordó que el problema no afecta de forma homogénea, sino que se concentra en los distritos con menor renta, como Villaverde, Usera o Vallecas, donde se ubica el 35% de los vehículos sin etiqueta.
“Estamos hablando de familias que usan coches perfectamente funcionales, pero que, por normativa, dejarán de poder utilizarlos. Nadie les ha ofrecido una alternativa real, ni ayudas suficientes para sustituir sus vehículos”, denunció.
Multas de hasta 200 euros por circular sin etiqueta
La normativa establece que, a partir del 1 de enero de 2026, los vehículos sin distintivo ambiental (A) —principalmente gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006— no podrán circular ni estacionar en ninguna vía pública del municipio de Madrid.
El incumplimiento de la medida se sancionará con multas de 200 euros, tal como recoge la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Desde ese momento, solo podrán circular por la capital los vehículos con etiquetas B, C, ECO y CERO.
De Vuelta ha criticado la ausencia de un plan de transición social y económica que permita a las familias afectadas adaptarse a las nuevas restricciones. “El Ayuntamiento no ha ofrecido una solución realista ni ayudas proporcionales al problema”, insistió Javaloyes.
Impacto social y medioambiental
El Ayuntamiento de Madrid defiende que la ampliación de la ZBE es una medida necesaria para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes, en línea con los objetivos de la Unión Europea.
Sin embargo, colectivos vecinales y asociaciones de conductores advierten de que la medida aumentará la brecha social al afectar principalmente a los hogares con menor poder adquisitivo, que no pueden permitirse la compra de un vehículo nuevo o híbrido.
Los expertos coinciden en que la transición hacia una movilidad sostenible debe ir acompañada de planes de ayuda y compensación, como incentivos a la renovación del parque móvil, mejora del transporte público y apoyo a la movilidad eléctrica.
