España vive un colapso sin precedentes en los exámenes prácticos de conducir. Según los datos oficiales, más de 300.000 personas esperan poder presentarse a la prueba, con demoras que van desde los dos hasta los ocho meses según la provincia.
El problema, denuncian sindicatos y autoescuelas, radica en la escasez de examinadores, la falta de cobertura de bajas laborales y una plantilla insuficiente para absorber la demanda. “Sacarse el carné ya no es solo conseguir un permiso: es sobrevivir a un sistema incapaz de responder”, lamenta el economista José Ramón Riera, que califica la situación de “vergonzosa e insostenible”.
Provincias más afectadas
En Valencia, más de 40.000 aspirantes quedaron sin fecha en el primer semestre del año. En Cádiz, la DGT solo permite examinar a dos alumnos por autoescuela al día, lo que ha disparado la lista de espera a ocho meses. En Baleares, cerca de 8.000 personas esperan turno, en buena parte porque ningún examinador soporta el alto coste de vida. En León, el verano podría dejar a la provincia con apenas tres examinadores activos para miles de jóvenes.
Una barrera para trabajar y moverse
El retraso en la obtención del carné está afectando directamente al empleo y a la movilidad, sobre todo de los más jóvenes. Muchos necesitan el permiso para acceder a un trabajo o desplazarse hasta su lugar de estudios.
Mientras tanto, el Congreso exige más plantilla y mejores medios, pero la Dirección General de Tráfico mantiene un sistema colapsado. Riera ha señalado directamente al director de la DGT, Pere Navarro, como “un incompetente absoluto, que desde que llegó solo ha conseguido hundir el sistema”.
Una cuestión de Estado
Más allá de la gestión técnica, la saturación de la DGT ha abierto un debate político. Desde la oposición se reclama un plan urgente para reforzar la plantilla y evitar que los exámenes de conducir se conviertan en un cuello de botella para cientos de miles de ciudadanos.
“Esto no es un problema técnico, es un problema de Estado”, resume Riera, insistiendo en que la incapacidad de la administración para dar respuesta “pone contra las cuerdas a miles de familias que dependen del carné para trabajar y organizar su vida”.
