Atención a personas en riesgo

Madrid y Comunidad renuevan su acuerdo de 12,8 millones para atender a personas en riesgo de exclusión social en 2026

El convenio financia atención primaria, protección a la infancia, lucha contra la pobreza infantil y prevención del suicidio en toda la ciudad

Servicio de Ayuda a Domicilio - Comunidad de Madrid
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El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han renovado su convenio de colaboración para la financiación de programas de Atención Social Primaria (ASP) en 2026, con una dotación de 12,8 millones de euros, manteniendo así la inversión histórica alcanzada en 2024, que supuso triplicar la del ejercicio anterior. Esta medida busca reforzar los servicios sociales municipales y ampliar la cobertura a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

La decisión ha sido aprobada hoy por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, como ha detallado la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz. Este acuerdo, que se suscribe anualmente desde 2015, garantiza la continuidad de una red de recursos sociales desplegada en los 40 centros de servicios sociales municipales y en otros espacios clave como los 12 Centros de Atención a la Infancia (CAI).

Apoyo a miles de personas vulnerables

Con cargo al convenio, se destinan 9,8 millones de euros a prestaciones básicas de servicios sociales, que en 2024 atendieron a más de 817.000 personas. Esta red actúa como primera línea de detección y contención de situaciones de riesgo social y como soporte clave para familias con graves dificultades económicas o personales.

Además, se invertirán 597.000 euros en programas de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, gestionados desde los CAI. Estos centros proporcionan atención social, educativa y psicológica especializada a niños y adolescentes en situaciones de desamparo o riesgo grave, así como a sus familias. Durante el último año, estos recursos registraron más de 32.000 atenciones, correspondientes a 8.100 unidades familiares.

Apoyo a familias vulnerables y comunidades específicas

El convenio también contempla una asignación de 1,1 millones de euros para programas de protección de la familia y lucha contra la pobreza infantil. En 2024, 3.300 familias se beneficiaron de estas ayudas, siendo más de la mitad familias monoparentales. Estas iniciativas incluyen apoyo económico, educativo y de acompañamiento a hogares con menores en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, se asignan 197.000 euros al Plan de Desarrollo Gitano, que se desarrolla en colaboración con entidades del tercer sector y que en 2024 alcanzó a 3.000 personas de esta comunidad, promoviendo su inclusión social, educativa y laboral.

Prevención del suicidio: un eje prioritario

Otro de los pilares del convenio es la prevención del suicidio, un área en la que el organismo autónomo Madrid Salud recibirá 1,1 millones de euros. Con esta financiación, se pondrán en marcha campañas de sensibilización en salud mental, así como programas de intervención específicos en acoso escolar, ciberacoso, ansiedad, estrés y gestión emocional. Estas líneas de actuación buscan reducir los factores de riesgo y fomentar entornos seguros y saludables para todos los ciudadanos.

Una apuesta sostenida por la atención social

La colaboración interadministrativa entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid permite sostener una estructura social de amplio alcance, capaz de responder a situaciones de emergencia, atender a colectivos vulnerables y prevenir la exclusión de forma anticipada. La financiación está compartida: 7 millones aportados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y 5,8 millones por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

El mantenimiento del presupuesto récord de 2024 en el convenio de 2026 refuerza el compromiso institucional con los derechos sociales, la equidad y la cohesión comunitaria, especialmente en un contexto donde persisten desigualdades agravadas por la inflación, la crisis habitacional y los problemas de salud mental.

Este acuerdo, renovado año tras año desde 2015, se consolida como una herramienta fundamental para garantizar la atención integral a personas y familias que necesitan acompañamiento y protección por parte de los servicios públicos.