La decisión de Aena de prohibir la pernocta de personas sin hogar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha provocado una noche cargada de tensión y conflictos, en la que agentes de seguridad privada procedieron al desalojo forzoso de los ‘sintecho’ que habitualmente dormían en los pasillos de la Terminal 4. El operativo se saldó sin incidentes graves, pero con escenas de enfrentamiento verbal y resistencia por parte de algunos afectados.
Durante la noche, los vigilantes procedieron a sacar a decenas de personas y retirar sus escasas pertenencias, muchas de ellas colocadas en carros de maletas o bolsas improvisadas. Una de las imágenes más significativas fue la de una mujer sin hogar que se negó a abandonar el lugar mientras grababa con su móvil, denunciando que no tenía adónde ir y que no se le podía requisar sus objetos personales. Pese a su resistencia, acabó siendo expulsada, mientras los agentes permanecían en la entrada para impedir su retorno.
Esta medida de Aena —empresa pública gestora del aeropuerto— ha generado una fuerte reacción por parte del Ayuntamiento de Madrid, que se ha mostrado sorprendido por la actuación unilateral. Desde el consistorio han denunciado que esta decisión rompe de forma abrupta la labor de intervención social y seguimiento que los servicios municipales llevaban a cabo en el entorno aeroportuario. Hasta ahora, el Ayuntamiento colaboraba mediante dispositivos de atención social para identificar, asistir y vincular a estas personas a recursos de acogida, evitando así situaciones de mayor exclusión.
Según datos recogidos por entidades sociales, en la T4 llegaron a pernoctar hasta 400 personas sin hogar, muchas de ellas derivadas de situaciones de extrema vulnerabilidad, abandono institucional o falta de acceso a vivienda. El aeropuerto, por su amplitud y temperatura estable, se había convertido en uno de los pocos espacios donde podían refugiarse, especialmente en invierno o en condiciones climáticas adversas.
Aena no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre la decisión, más allá de señalar que la medida responde a razones de seguridad y operatividad de la infraestructura aeroportuaria. Sin embargo, diversas organizaciones humanitarias han advertido de que expulsar a estas personas sin ofrecer alternativas adecuadas puede agravar su exclusión social y aumentar la presión sobre otros espacios públicos o estaciones de transporte.
Fuentes municipales han confirmado que el Ayuntamiento no fue informado previamente del desalojo, y han exigido una reunión urgente con los responsables de Aena para revisar la decisión y buscar soluciones conjuntas que no supongan un desplazamiento forzoso de los más vulnerables. Asimismo, se ha activado un refuerzo de los equipos de calle de Samur Social para tratar de localizar y ofrecer atención a las personas desalojadas.
Mientras tanto, la polémica continúa creciendo, con críticas de grupos políticos, colectivos sociales y ciudadanos que exigen una mayor coordinación institucional y un enfoque centrado en los derechos humanos frente a la gestión del sinhogarismo en infraestructuras públicas como Barajas. La tensión vivida en la primera noche tras el desalojo parece marcar el inicio de un nuevo conflicto social que, de no ser abordado de manera integral, podría tener repercusiones más amplias en la capital.
