La decisión, adoptada en la Junta de Gobierno, supone una inversión plurianual de 1,1 millones de euros destinada a asegurar la continuidad del servicio de emisión, recarga, distribución y atención técnica de estas tarjetas, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.
Desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, el programa se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de apoyo social del Consistorio. En este periodo se han emitido más de 52.000 tarjetas, con una inversión acumulada que supera los 58 millones de euros.
El contrato prorrogado no incluye la dotación económica de las ayudas —que en 2026 alcanza los 19,5 millones de euros—, sino únicamente la infraestructura técnica necesaria para su funcionamiento, incluyendo la atención telefónica y digital a los usuarios, así como el mantenimiento de la aplicación móvil que permite consultar saldos, movimientos y recargas.
Reducción de los tiempos de tramitación y refuerzo de la atención social
El Ayuntamiento destaca que la gestión del programa se ha agilizado notablemente en los últimos años. La creación en 2024 de cuatro oficinas específicas para la tramitación de la Tarjeta Familias ha permitido reducir un 62 % los tiempos administrativos, pasando de 37 a 14 días.
Estas unidades, integradas por unos 60 profesionales, han tenido como objetivo aliviar la carga de los centros de servicios sociales, permitiendo que los expedientes se resuelvan con mayor rapidez y que la ayuda llegue antes a los hogares que la necesitan.
Solo en 2025 se emitieron 11.044 tarjetas, por un importe cercano a los 11 millones de euros, mientras que en los tres primeros meses de 2026 ya se han concedido alrededor de 4.000 ayudas, con una inversión de 6 millones.
Una ayuda vinculada a la intervención social
La Tarjeta Familias no se limita a una prestación económica. Su concesión está condicionada a la participación de los beneficiarios en un proceso de intervención social, orientado a favorecer su autonomía y evitar la cronificación de la vulnerabilidad.
Cada caso es acompañado por un profesional de los servicios sociales municipales, que realiza un seguimiento individualizado y facilita el acceso a recursos de formación y empleo.
Además, el Ayuntamiento ha actualizado recientemente los criterios de acceso, elevando en un 10 % el umbral de ingresos, fijado actualmente en 752 euros mensuales. Las cuantías de la ayuda oscilan entre 146 y 735 euros al mes, en función de la situación económica y del número de miembros de la unidad familiar.
Con esta ampliación del contrato, el Consistorio busca garantizar la continuidad de un sistema que, según fuentes municipales, se ha convertido en una herramienta estable de protección social en la ciudad de Madrid.
