El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha informado al Ministerio de Asuntos Exteriores de la recepción de 1.600 correos electrónicos en los que ciudadanos solicitan acciones diplomáticas urgentes para proteger a personas encarceladas en Irán que estarían en riesgo de ejecución.
Las comunicaciones, enviadas en los últimos días, reclaman la intervención del Gobierno español a través de la vía diplomática para tratar de frenar posibles condenas a muerte y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los detenidos.
Remisión al ministerio competente
La institución ha trasladado todas las solicitudes al Ministerio de Asuntos Exteriores al ser el organismo competente para valorar y, en su caso, impulsar las actuaciones internacionales que demandan los ciudadanos.
Desde el Defensor del Pueblo se ha subrayado que la actuación se realiza en su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) en España, canalizando las preocupaciones sociales hacia las autoridades con capacidad de actuación.
Denuncias de organizaciones de derechos humanos
Los mensajes recibidos hacen referencia a informes elaborados por organizaciones internacionales sobre el terreno, en los que se advierte de posibles vulneraciones graves de derechos humanos en el sistema judicial iraní.
Entre las denuncias recogidas figuran:
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Falta de garantías procesales y juicios sumarios
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Ausencia de información a las familias sobre el paradero de los detenidos
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Riesgo de ejecuciones tras procedimientos sin las debidas garantías
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Condiciones de detención consideradas incompatibles con los estándares internacionales
Estas circunstancias, según las organizaciones citadas, podrían suponer violaciones graves del derecho a la defensa, al debido proceso y al derecho a la vida.
Canalización institucional de la preocupación social
Con esta iniciativa, el Defensor del Pueblo busca trasladar al ámbito institucional la movilización ciudadana y facilitar que las autoridades españolas analicen la situación desde el punto de vista diplomático y de derechos humanos.
La institución no adopta decisiones ejecutivas en materia de política exterior, pero su intervención pretende garantizar que las demandas sociales sean conocidas y valoradas por el Gobierno, en un contexto internacional marcado por la preocupación sobre el uso de la pena de muerte y las garantías judiciales en Irán.
