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La convocatoria, gestionada a través de la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EC EuroHPC), cuenta con un respaldo público de hasta 10.000 millones de euros aportados a partes iguales entre Bruselas y los Estados miembros participantes. Con este impulso, la Comisión prevé atraer al menos 20.000 millones adicionales de capital privado para construir infraestructuras que integren procesadores de última generación, computación en la nube y conectividad de alta velocidad.
A la iniciativa se han sumado ya 18 países —entre ellos España, Alemania, Francia e Italia— para adquirir de forma compartida tiempo de uso y capacidad de procesamiento. El despliegue se estructurará en dos lotes de proyectos según la potencia instalada: el primero financiará hasta cuatro centros con subvenciones de hasta 500 millones de euros por proyecto, mientras que el segundo lote respaldará hasta tres gigafactorías de mayor escala con ayudas públicas de hasta 1.000 millones por iniciativa.
La apuesta española y las alianzas con los gigantes del 'hardware'
España acude al proceso de selección con una propuesta de doble sede ubicada en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). El proyecto nacional cuenta con el soporte de grandes corporaciones del sector privado como Telefónica, Banco Santander, ACS y la firma de computación cuántica Multiverse Computing.
Para evitar cuellos de botella en la cadena de suministro, la Comisión Europea ha cerrado acuerdos de intención con los tres mayores fabricantes estadounidenses de chips —AMD, Nvidia y Qualcomm—, garantizando así el suministro de procesadores avanzados a los consorcios adjudicatarios.
El plazo para presentar candidaturas finalizará el 12 de noviembre, la resolución se dará a conocer a principios de 2027 y la previsión del Ejecutivo comunitario es que las primeras instalaciones comiencen a operar en un plazo máximo de un año y medio tras la firma de los contratos.
