Para abordar este escenario, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresas de Limpieza (AFELIN) ha celebrado su primer ciclo de Desayunos Empresariales Dialoguemos, en colaboración con Banco Sabadell. El encuentro ha contado con la participación de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia una administración más ágil.
El impacto de la hiperregulación en la actividad económica
Durante la jornada, López Aragón ha explicado que la simplificación normativa es hoy un debate clave de competitividad tanto en España como en Europa. La consejera ha destacado la experiencia de la Región de Murcia, donde se han impulsado leyes de simplificación basadas en principios de intervención mínima y proporcionalidad. Estas reformas han permitido evitar la presentación de más de un millón de documentos y han generado un ahorro estimado de 6 millones de euros.
Desde la perspectiva empresarial, el presidente de AFELIN, Jesús Martín, ha advertido sobre el impacto negativo de la proliferación legislativa. "Estamos ahogados en legislación. Hay que desregular, no para hacerlo mal sino para hacerlo simple", afirmó Martín, quien reclamó un entorno regulatorio más claro y predecible que permita a las empresas centrarse en la generación de empleo y en la prestación de servicios de calidad.
Obstáculos en la contratación pública y licitaciones
Rubén Bautista Sánchez, manager de licitación pública de Limcamar, ha ilustrado las dificultades que supone la multiplicidad de plataformas de contratación y la disparidad de criterios entre comunidades autónomas: "Necesitamos un sistema único, con pliegos homologables y un repositorio documental centralizado".
El representante de Limcamar ha destacado que la complejidad normativa obliga a las empresas a contar con departamentos jurídicos altamente especializados para evitar errores formales que puedan excluirlas de los concursos. "Sin avanzar hacia sistemas más homogéneos y procedimientos más simples, la simplificación administrativa seguirá siendo una mera teoría", ha señalado.
Análisis del impacto económico del exceso normativo
El analista económico y jefe de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, ha presentado las conclusiones del informe Desenredar España, elaborado junto a CEU-CEFAS. El estudio estima que la carga normativa supone un coste superior a los 90.000 millones de euros al año para la economía española.
Sánchez de la Cruz ha sostenido que alrededor del 84% de las normas existentes podrían derogarse o reformarse. El analista ha expresado que "9 de cada 10 leyes aprobadas durante la última legislatura pueden y deben ser derogadas". Según su exposición, el debate debe trascender la mera simplificación administrativa para avanzar hacia una reducción real de la carga regulatoria que soporta el tejido productivo.
