Las cifras de siniestralidad laboral en el trabajo autónomo durante 2025 han hecho saltar todas las alarmas. Con 26.387 bajas laborales, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia que el colectivo sigue siendo el "gran olvidado" de las políticas de prevención de riesgos laborales (PRL) en España.
Un sistema de prevención ajeno a la realidad del autónomo
Según advierte la organización, el modelo preventivo actual está diseñado para empresas con estructuras consolidadas, dejando desprotegidos a millones de trabajadores por cuenta propia. Esta vulnerabilidad es especialmente crítica en sectores de alto riesgo como el transporte, la construcción, el comercio y el ámbito agrario.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha sido tajante al respecto: "No se puede exigir más a quien no tiene herramientas para cumplir. Más control sin apoyo no previene accidentes, solo incrementa la presión sobre el autónomo". La organización señala que el refuerzo de inspecciones y obligaciones documentales, sin una asistencia técnica o económica detrás, supone una carga inasumible para el profesional.
Riesgos psicosociales: la "pandemia silenciosa"
El informe pone el foco en los más de dos millones de autónomos sin asalariados, quienes prácticamente carecen de un sistema preventivo adaptado. Este vacío legal y técnico está disparando los riesgos psicosociales. El estrés crónico, las jornadas de hasta 14 horas, la presión por los impagos y la fatiga están derivando en un aumento de enfermedades cardiovasculares y problemas de salud mental.
"Un trabajador por cuenta propia no puede trabajar 12 o 14 horas al día. Eso no es emprendimiento, es precariedad", advierte Abad, quien reclama límites estrictos a los tiempos de trabajo en sectores estratégicos para evitar que la fatiga se convierta en una sentencia de muerte.
Medidas urgentes para cambiar el modelo
Para revertir esta tendencia, UPTA ha presentado al Gobierno una batería de propuestas que buscan transformar el modelo de prevención. En el ámbito de la formación y el asesoramiento, la organización propone la creación de servicios públicos gratuitos de asistencia técnica y programas específicos adaptados a cada sector.
Asimismo, se plantea la necesidad de establecer incentivos económicos mediante ayudas directas para la inversión en equipos de seguridad y la renovación de maquinaria. Por otro lado, en materia de salud mental, la propuesta incluye destinar recursos de las mutuas de la Seguridad Social a la vigilancia y prevención de los riesgos psicosociales.
Finalmente, el colectivo reclama una mejor cobertura a través del refuerzo de las prestaciones en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Desde la organización insisten en que las cifras de 2025 deben suponer un punto de inflexión para que tanto el Estado como las comunidades autónomas asuman su responsabilidad y diseñen planes que protejan de forma real la vida de los profesionales autónomos.
