El debate sobre la calidad y el destino del gasto público vuelve a estar sobre la mesa. Según datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el gasto público acumulado supera los 4,2 billones de euros.
Sin embargo, solo un 0,89% de esa cifra se ha destinado a infraestructuras clave como carreteras, ferrocarriles, puertos o aeropuertos.
La escasa inversión en obra pública y modernización del transporte contrasta con el aumento de partidas destinadas a subvenciones, transferencias y programas de gasto no productivo, según denuncian distintos expertos económicos y plataformas de análisis fiscal. Esta situación, alertan, compromete el crecimiento económico y el bienestar futuro del país.
Infraestructuras abandonadas: una economía que no arranca
El informe elaborado a partir de datos de la IGAE pone el foco en una tendencia preocupante: el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha reducido su peso en los Presupuestos Generales del Estado, sin abordar de manera significativa la renovación de infraestructuras básicas para la movilidad y el comercio.
A pesar de los desafíos logísticos y del aumento de la demanda de transporte eficiente y sostenible, las inversiones en infraestructuras físicas han quedado relegadas a un segundo plano. El siguiente vídeo desmonta, con datos oficiales, la narrativa del “progreso económico” anunciada por el Ejecutivo.
¿Gasto social o gasto improductivo?
La pregunta central que plantean economistas críticos es clara: ¿dónde está el dinero? Frente al relato gubernamental de refuerzo del Estado del Bienestar, la realidad presupuestaria evidencia que la mayor parte del gasto público no se está destinando a infraestructuras estratégicas ni a inversión que impulse la competitividad.
Desde ámbitos económicos se insiste en que un Estado del Bienestar fuerte y sostenible requiere una economía sólida, y esa solidez solo se consigue con una inversión continuada en infraestructuras que generen empleo, atraigan inversión privada y mejoren la productividad.
Un modelo cuestionado: ¿es sostenible el ritmo actual de gasto?
La sostenibilidad del modelo económico actual se ha puesto en entredicho. Con una deuda pública por encima del 110% del PIB y una presión fiscal en aumento, el desequilibrio entre gasto e inversión preocupa a empresas, ciudadanos y expertos en política económica.
“La infraestructura no solo es una cuestión de movilidad: es una herramienta de desarrollo. Si no invertimos hoy, hipotecamos el futuro”, afirman desde entidades independientes de análisis presupuestario.
