La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España atraviesa una situación cada vez más comprometida. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, durante los primeros cuatro meses de 2025 se han necesitado 13.444 millones de euros en transferencias corrientes procedentes del Estado para poder cubrir el pago de pensiones contributivas, no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones. Estas transferencias, que en la práctica equivalen a nueva deuda pública, han sido imprescindibles para evitar el déficit inmediato del sistema.
Este volumen de financiación extraordinaria anticipa un año en el que el sistema podría cerrar con una dependencia de más de 63.000 millones de euros de aportes estatales, lo que marcaría un récord histórico de transferencias para cubrir pensiones. Las estimaciones oficiales apuntan a que en junio ya se habrían alcanzado los 31.500 millones, la mitad de esa cifra.
Ingresos al alza… pero insuficientes
A pesar de que la recaudación por cotizaciones ha crecido un 7,1% interanual, impulsada por el empleo y el alza de salarios, el sistema no consigue equilibrar sus cuentas. Los ingresos totales han aumentado un 11,9%, gracias a las transferencias del Estado, pero los gastos también lo han hecho en un 6,1%, con el mayor peso en las pensiones contributivas, cuyo gasto mensual supera ya los 12.700 millones.
En cifras acumuladas, hasta el 30 de abril la Seguridad Social había gastado 72.210 millones de euros. Extrapolando ese ritmo hasta mitad de año, y teniendo en cuenta las pagas extraordinarias de verano, el sistema podría superar los 120.000 millones de gasto a 30 de junio, frente a unos ingresos estimados de 88.000 millones por cotizaciones. El resultado: un desequilibrio de 32.000 millones en apenas seis meses, que se duplica al proyectarlo para todo el ejercicio.
El espejismo de la sostenibilidad
Estos datos reflejan lo que muchos expertos califican como un equilibrio ficticio: el sistema se mantiene gracias a una creciente transferencia desde los Presupuestos Generales del Estado, pero su salud financiera depende cada vez más del endeudamiento público. Si los ingresos por cotizaciones se desaceleran, ya sea por un enfriamiento económico o por una caída del empleo, la presión financiera sobre el Tesoro podría dispararse.
Además, este modelo no incluye las clases pasivas, las pensiones de funcionarios del Estado, que se pagan desde otro capítulo presupuestario. Y tampoco contempla otros gastos adicionales, como los intereses crecientes de la deuda pública, el aumento de salarios en el sector público o el gasto en defensa, que agravan el panorama de las cuentas públicas.
¿Es sostenible el actual sistema de pensiones?
El debate sobre la sostenibilidad del sistema es ya ineludible. Mientras el número de pensionistas continúa en aumento —se esperan 15 millones en 2050—, la ratio de cotizantes por pensionista sigue bajando. Aunque se han tomado medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sube las cotizaciones, estas no son suficientes para revertir el déficit estructural si el gasto no se ajusta o si no se incrementan sustancialmente los ingresos.
Algunos economistas advierten que sin reformas profundas, el sistema público de pensiones puede acercarse peligrosamente al colapso financiero, especialmente si llega una nueva crisis económica global o si se reduce el crecimiento económico.
Una reforma pendiente en un contexto político sensible
El elevado coste político de cualquier reforma de las pensiones —especialmente si implica reducir prestaciones, elevar la edad de jubilación o introducir copagos— hace que los sucesivos gobiernos opten por postergar el debate real. Sin embargo, las cifras ya hacen insostenible seguir aplazando soluciones estructurales.
Al mismo tiempo, voces críticas apuntan a la necesidad de revisar el gasto político, que algunos estiman en más de 200.000 millones de euros, para priorizar la financiación del sistema de pensiones. Si no se abordan estos debates de forma seria y rigurosa, la próxima generación de pensionistas podría enfrentarse a recortes, según advierten algunos expertos.
Conclusión: una bomba fiscal a punto de estallar
Los 13.500 millones en deuda acumulada hasta abril no son una anécdota: son la señal más clara de que el sistema no se sostiene por sí solo. A medida que aumentan las pensiones y se estanca la natalidad, la carga recae sobre un número cada vez menor de cotizantes. Sin una respuesta política contundente, los pensionistas actuales y futuros podrían pagar muy caro este silencio presupuestario.
