La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso en el refuerzo de su sistema público de atención a la dependencia con la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de una ampliación de 8 millones de euros para financiar prestaciones económicas destinadas a personas en situación de dependencia. Esta medida eleva el presupuesto total asignado en 2025 a 396 millones de euros, el mayor registrado hasta la fecha, y tiene como objetivo incrementar el número de beneficiarios durante los próximos meses.
El Ejecutivo regional ya había aprobado a finales de 2024 un gasto anticipado de 384,5 millones de euros, al que en mayo de este año se sumaron 3,5 millones adicionales, alcanzando los 388 millones. Sin embargo, y ante la previsión de un aumento en la demanda, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido reforzar aún más esta partida para dar respuesta a las nuevas altas que se esperan hasta final de año.
Esta nueva dotación permitirá sostener los servicios y apoyos que recibirán más de 85.000 madrileños a lo largo de 2025, y se enmarca dentro de la apuesta del Ejecutivo regional por consolidar un sistema de atención centrado en la persona, que favorezca su autonomía, calidad de vida e inclusión social.
Las ayudas se dividen en tres modalidades principales:
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Prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que supone una ayuda mensual para apoyar a quienes atienden a la persona dependiente en su propio domicilio.
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Prestación vinculada al servicio, destinada a cubrir parte del coste de un recurso privado debidamente acreditado, libremente elegido por el ciudadano.
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Prestación de asistencia personal, que busca promover la independencia del beneficiario mediante el apoyo de una persona que le asista en sus actividades cotidianas y en el desarrollo de su proyecto vital.
Con esta decisión, el Gobierno regional refuerza su compromiso con uno de los pilares del Estado del Bienestar, procurando una mayor cobertura y atención personalizada a quienes más lo necesitan. La Comunidad de Madrid sigue siendo una de las regiones con mayor inversión en dependencia, con el objetivo de agilizar los procesos de valoración y garantizar la rapidez en el acceso a las prestaciones reconocidas.
Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que estas medidas responden tanto a un enfoque de derechos como a una estrategia de apoyo a las familias y cuidadores, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de las situaciones de dependencia.
