La recaudación fiscal del Estado español se disparó un 22,8% en mayo de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, lo que ha encendido un fuerte debate público sobre la carga impositiva que soportan las familias trabajadoras y las clases medias. En lo que va de año, los ingresos tributarios ya superan los 122.000 millones de euros, lo que supone un incremento acumulado del 11,5% en comparación con el periodo enero-mayo de 2024.
Los datos publicados por la Agencia Tributaria muestran aumentos significativos en los principales impuestos:
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IRPF: +11,1%
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Impuesto de Sociedades: +10,9%
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Impuestos medioambientales: +446%
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IVA: +10,1%
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Impuesto sobre la renta de no residentes: +47%
Estos incrementos, en un contexto de estancamiento de salarios reales y aumento del coste de vida, han sido duramente criticados por sectores sociales y políticos que acusan al Gobierno de "engordar al Estado a costa del esfuerzo de los contribuyentes".
Críticas a un modelo “asimétrico”
Diversos analistas y portavoces han denunciado que mientras los ingresos públicos aumentan, la calidad de los servicios y las condiciones de vida no lo hacen al mismo ritmo. Se señala que el IVA, un impuesto considerado regresivo porque afecta por igual a todos los consumidores independientemente de su renta, ha crecido más de un 10%, lo que impacta directamente en las familias con menos capacidad adquisitiva.
Además, se pone el foco en el crecimiento del empleo público y del salario medio de los funcionarios, que supera ya al del sector privado. Se acusa al Ejecutivo de mantener una estructura institucional sobredimensionada, mientras que muchos trabajadores recortan gastos básicos para llegar a fin de mes.
Hacienda, en el centro del malestar
El discurso crítico también se ha centrado en el rol de la Agencia Tributaria, con voces que cuestionan su tamaño y operatividad. Se recuerda que el sistema de retenciones automatizadas permite al Estado recaudar sin intervención directa de los inspectores, lo que ha llevado a acusaciones de ineficiencia y exceso de personal, con más de 26.000 empleados públicos en el organismo recaudador.
Algunos discursos especialmente duros han tachado esta situación de “modelo fiscal coercitivo”, en el que el aparato estatal “vive mejor que los ciudadanos que lo financian”. Se denuncia que el miedo a inspecciones y sanciones funciona como un mecanismo de presión sistemática contra autónomos y pequeñas empresas.
Fuga de capitales y presión sobre las clases medias
Otro de los datos destacados es la disminución del número de grandes contribuyentes en España, con una caída del 2% entre quienes declaran ingresos superiores a 600.000 euros anuales. Muchos de ellos, advierten los expertos, han optado por trasladar su residencia fiscal a otros países con sistemas más atractivos como Portugal, Luxemburgo o Irlanda, lo que agrava la carga sobre los contribuyentes medios.
Así, mientras se estrecha el cerco sobre los ingresos de asalariados, autónomos y pequeñas empresas, los grandes patrimonios tienden a eludir esta presión fiscal migrando fuera del país. El resultado, según algunos economistas, es un sistema que castiga más a quienes no tienen escapatoria.
Llamamientos al cambio
El crecimiento récord en la recaudación fiscal coincide con un clima de creciente desafección de parte de la ciudadanía, que reclama transparencia en el gasto público, revisión del modelo de redistribución y una reforma fiscal estructural que garantice justicia tributaria.
Mientras tanto, el Gobierno defiende estos datos como síntoma de una recuperación económica y de un sistema fiscal eficaz, pero cada vez más voces se preguntan si el modelo actual es sostenible o socialmente aceptable. La tensión entre la necesidad de financiar servicios públicos y el sentimiento de injusticia fiscal sigue siendo uno de los grandes desafíos del presente político español.
