La Comunidad de Madrid cerró el ejercicio presupuestario de 2024 con un déficit del 0,2% del PIB, según revela el último informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. El estudio, elaborado por los economistas Manuel Díaz y Carmen Marín (ambos de Fedea) junto a Diego Martínez, analiza en profundidad el saldo estructural de las comunidades autónomas en los ejercicios de 2023 y 2024, con una metodología que contempla ajustes por ciclo económico, operaciones no recurrentes y liquidaciones del sistema de financiación.
Madrid no fue la única comunidad con saldo negativo. También cerraron en números rojos Cataluña (-0,4%), País Vasco (-0,6%), Murcia (-1,1%) y, destacadamente, la Comunidad Valenciana, que presentó el peor resultado con un déficit presupuestario del -1,9% del PIB.
En el lado opuesto se encuentran regiones como Extremadura, que alcanzó un superávit del 1,6% del PIB, seguida de Navarra (1%), Canarias y Asturias (0,9%), Cantabria (0,8%), Andalucía (0,7%) y Galicia (0,2%), entre otras. Castilla y León y La Rioja se mantuvieron en equilibrio presupuestario, con un saldo del 0%.
Ajustes metodológicos clave
Fedea incorpora en su análisis una serie de ajustes técnicos que permiten estimar los saldos estructurales de manera más precisa. Entre ellos destaca la traslación de las liquidaciones del sistema de financiación autonómica al año natural, que representó un ajuste del 0,7% del PIB en 2024. Asimismo, se descontaron los efectos del ciclo económico, cuya fase expansiva generó superávits públicos del 0,2% del PIB ese mismo año, incrementando artificialmente los saldos presupuestarios sin reflejar la sostenibilidad a largo plazo.
El informe también advierte que deben minorarse los resultados en función de las operaciones no recurrentes, es decir, ingresos o gastos puntuales que no forman parte de la actividad ordinaria de las administraciones.
Alerta sobre desequilibrios estructurales
Uno de los principales hallazgos del documento es la existencia de una heterogeneidad considerable entre comunidades autónomas, con desequilibrios estructurales que alcanzan el -2% del PIB en regiones como la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia. Por el contrario, solo Canarias y Navarra presentan saldos estructurales positivos, lo que, según Fedea, pone de manifiesto una situación de vulnerabilidad fiscal generalizada en la mayoría del territorio nacional.
Este tipo de análisis cobra especial relevancia en un momento de creciente presión sobre las finanzas autonómicas, marcada por el aumento del gasto social y sanitario, la necesidad de ejecutar fondos europeos y los debates sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
El estudio de Fedea plantea un reto tanto para los gobiernos regionales como para el Estado central: afianzar la sostenibilidad fiscal sin comprometer la calidad de los servicios públicos, al tiempo que se garantiza una distribución equitativa de los recursos entre las distintas autonomías. En el caso madrileño, el ligero déficit registrado refuerza la posición de la Comunidad como una de las regiones con mayor estabilidad financiera, aunque también evidencia la necesidad de políticas de ajuste y eficiencia en el gasto público.
