La negociación para definir el nuevo esquema de cotización de autónomos entre 2026 y 2028 arranca este lunes impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha convocado a sindicatos, patronales y asociaciones de trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha anunciado su boicot a la reunión, alegando que aún quedan sin resolver los problemas detectados en la regularización de las cuotas del año 2023, el primer ejercicio en que se aplicó el nuevo sistema basado en tramos de rendimientos netos.
“No vamos a abrir otro capítulo sin cerrar correctamente el del año 2023”, ha advertido el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a Servimedia. Su postura evidencia una profunda brecha entre ATA y el Ministerio, que insiste en avanzar con la reforma mientras algunas organizaciones consideran que el sistema todavía adolece de fallos técnicos y de implementación.
Por el contrario, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) sí ha confirmado su asistencia. Su presidente, Eduardo Abad, sostiene que es imprescindible “discutir las diferencias y corregir los errores detectados”, al tiempo que ha lamentado que la negociación “llega con meses de retraso”, lo que complica su desarrollo debido a los plazos administrativos y el parón estival.
UPTA ha adelantado que entre los temas que pondrán sobre la mesa figura la inclusión de nuevos colectivos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la propuesta de cotizaciones especiales para quienes tienen ingresos muy bajos, incluso por debajo del primer tramo.
La reforma vigente fue acordada en 2022 y establece que las cuotas se ajustan según los ingresos reales del autónomo, en tramos progresivos desplegados entre 2023 y 2025. Este 2025 es el último año del periodo transitorio, por lo que se deben fijar los parámetros que regirán el sistema a partir de 2026.
Según el Ministerio, este modelo ha tenido un impacto positivo en el mercado laboral, con más de 3,4 millones de autónomos dados de alta actualmente, una cifra récord en España. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, aseguró esta semana en el Congreso que “la implementación del sistema está siendo un éxito”, destacando que desde su entrada en vigor, el RETA ha sumado 114.000 afiliados más.
No obstante, la regularización de las cuotas de 2023 ha puesto de manifiesto problemas administrativos complejos, con más de 4,2 millones de notificaciones emitidas y 3,7 millones de autónomos afectados. De ellos, 796.000 han tenido que pagar diferencias por haber cotizado por debajo del tramo que les correspondía, mientras 460.000 han recibido devoluciones por haber cotizado por encima. Otros 324.000 no presentaron declaración de rendimientos por diversas causas.
Además, se han producido más de 429.000 renuncias a devoluciones, lo que ha generado dudas sobre la comprensión y transparencia del sistema por parte de los propios trabajadores.
Ante esta situación, ATA exige que primero se subsanen estos desajustes antes de abordar un nuevo marco normativo. Amor ha insistido en que “el sistema debe ser justo, previsible y entendible para el autónomo medio” y ha expresado su temor a que se reproduzcan los mismos errores si no se realiza un análisis profundo de lo ocurrido en 2023.
El Ministerio, por su parte, mantiene su apuesta por avanzar hacia un sistema más equitativo y sostenible, que combine diálogo, transparencia y responsabilidad, aunque deberá lidiar con la fractura interna entre las principales asociaciones del sector para sacar adelante un acuerdo ampliamente respaldado.
Las próximas semanas serán clave para determinar si la reforma consolida su trayectoria o si, por el contrario, se enreda en la disputa entre la administración y el colectivo de autónomos, que ya ha demostrado en otras ocasiones su capacidad de presión política y social.
