Mientras el desempleo registrado baja, el gasto en prestaciones aumenta. ¿Existe una manipulación estadística por parte de las autoridades? El debate ya está sobre la mesa.
Crece el gasto en prestaciones pese al descenso del paro registrado
Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el número de parados registrados ha descendido un 20% desde 2018. Sin embargo, las cifras de gasto en prestaciones por desempleo reflejan una tendencia completamente opuesta: entre enero y mayo de 2025, el Estado ha desembolsado más de 10.300 millones de euros en ayudas, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo periodo de 2024 y un incremento acumulado del 32,6% desde 2018.
Este aparente desfase ha generado una ola de preguntas entre economistas, periodistas y analistas, que se preguntan si las cifras del paro están siendo manipuladas o “maquilladas” a través de mecanismos indirectos como contrataciones temporales de corta duración, cursos de formación ocupacional o planes públicos transitorios que impiden registrar al trabajador como desempleado, aunque no se encuentre en un empleo real y estable.
¿Están en riesgo la transparencia institucional y la seguridad jurídica?
Un vídeo que circula en redes sociales aborda esta problemática desde un enfoque técnico. En él, se citan artículos del Código Penal que penalizan expresamente la manipulación de documentos públicos y estadísticas oficiales por parte de funcionarios:
Artículos 390 y 391 del Código Penal: falsificar o alterar datos oficiales por parte de una autoridad pública conlleva penas de 3 a 6 años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas.
Si dicha falsedad causa un perjuicio económico al Estado o induce a error a ciudadanos, empresas o instituciones, podría considerarse malversación o fraude institucional.
El autor del análisis denuncia que, de confirmarse alguna irregularidad, estaríamos ante una posible falsificación documental que afectaría directamente a la confianza ciudadana en las instituciones públicas. “La credibilidad del sistema estadístico oficial no se puede permitir una brecha de este calibre”, afirma.
Posibles explicaciones desde el ámbito técnico
Algunos expertos apuntan que la discrepancia podría deberse a factores técnicos, como:
- El aumento de la cuantía media de las prestaciones, derivado de bases de cotización más elevadas o del uso más intensivo de subsidios contributivos.
- Un mayor volumen de beneficiarios provenientes de sectores con mayor rotación y estacionalidad, lo que dispara las cifras de gasto sin que se refleje necesariamente en los datos del paro registrado.
- La existencia de colectivos que perciben ayudas sin estar incluidos en las estadísticas tradicionales del desempleo, como autónomos en cese de actividad, personas en formación o trabajadores en ERTE parcial.
No obstante, el crecimiento sostenido del gasto, incluso en contextos de caída del paro, sigue generando dudas legítimas sobre el diseño y la transparencia del sistema de medición.
¿Se abre la puerta a una investigación parlamentaria?
La inquietud ha alcanzado también a grupos parlamentarios y organizaciones ciudadanas, que reclaman una auditoría independiente del sistema de estadísticas laborales. La petición incluye la revisión de:
- Los criterios utilizados para contabilizar a los desempleados.
- La trazabilidad de los fondos destinados a prestaciones.
- El papel de los contratos temporales en la distorsión de los datos oficiales.
En un momento donde la confianza institucional es clave para la estabilidad social y económica, la claridad y la rendición de cuentas se convierten en una exigencia prioritaria.
Transparencia o crisis de confianza
El desfase entre paro y gasto en prestaciones ha abierto un debate que no solo es técnico, sino político e institucional. Mientras el Gobierno defiende la fiabilidad de sus datos, cada vez son más las voces que exigen una revisión profunda del sistema de estadísticas laborales. La transparencia, en este contexto, no es una opción: es una obligación.
