La plataforma Atenea ha presentado su informe sobre el sistema público de pensiones en España, elaborado por el economista Daniel Lacalle, en un acto que reunió a expertos y analistas y que puso sobre la mesa un diagnóstico contundente: el modelo actual es “insostenible” y requiere reformas estructurales urgentes.
Durante la presentación, se subrayó que el sistema español, basado en el reparto, no puede sostenerse únicamente con cotizaciones sociales, ya que depende cada vez más de transferencias del Estado y del aumento de la deuda pública. Según el documento, los ingresos por cotizaciones cubren solo una parte del gasto, lo que obliga a recurrir de forma recurrente a financiación adicional.
Un sistema tensionado por deuda, demografía y empleo
El informe detalla que el gasto en pensiones supera ya los 200.000 millones de euros anuales, mientras que las transferencias estatales han crecido hasta rondar los 50.000 millones al año, reflejando un desequilibrio estructural.
En este contexto, los expertos advierten de que la deuda de la Seguridad Social se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales focos de presión sobre las cuentas públicas. Además, se destacó que el déficit real del sistema podría alcanzar cifras cercanas a los 70.000 millones de euros si se excluyen las transferencias estatales.
El diagnóstico no se limita al plano económico. El informe identifica tres grandes problemas que afectan al sistema:
- El problema demográfico, con una población cada vez más envejecida y un número creciente de pensionistas frente a los cotizantes.
- El problema laboral, marcado por altas tasas de paro estructural, precariedad y pluriempleo, lo que limita la capacidad de financiación del sistema.
- El problema económico, derivado de un gasto creciente que supera el ritmo de crecimiento del PIB y del empleo.
Durante el acto, se insistió en que la inmigración no constituye una solución estructural, ya que su efecto sobre la sostenibilidad es temporal y no corrige el desequilibrio a largo plazo.
“Un sistema técnicamente quebrado”
Uno de los mensajes más contundentes de la presentación fue la afirmación de que el sistema de pensiones está “técnicamente quebrado”, al necesitar rescates anuales y depender de ingresos externos para mantenerse.
Los ponentes defendieron que el actual modelo genera una creciente desigualdad intergeneracional, ya que los jóvenes afrontan mayores cotizaciones, jubilaciones más tardías y menores prestaciones reales futuras.
Asimismo, se advirtió de que la revalorización de las pensiones no garantiza el poder adquisitivo real, debido al impacto de los impuestos y la inflación.
Propuesta: transición hacia un sistema mixto
Frente a este escenario, el informe plantea una reforma estructural basada en un modelo mixto que combine reparto y capitalización, inspirado en sistemas como el sueco.
Este modelo se apoyaría en tres pilares principales:
- Una pensión mínima garantizada financiada vía impuestos, para proteger a los más vulnerables.
- Un sistema de cuentas nocionales, donde cada trabajador reciba en función de lo cotizado y de su esperanza de vida.
- Cuentas individuales de capitalización, en las que una parte del salario se invierta y genere rentabilidad.
Además, se propone mejorar la transparencia del sistema, con herramientas similares al llamado “sobre naranja”, que permitirían a los ciudadanos conocer su pensión futura estimada.
Diez medidas para reformar el sistema
El documento incluye un decálogo de propuestas entre las que destacan:
- Fomentar el ahorro privado mediante incentivos fiscales.
- Atraer inversión y actividad económica para ampliar la base de cotizantes.
- Vincular la revalorización de las pensiones a la productividad.
- Eliminar distorsiones estadísticas del mercado laboral para reflejar el empleo real.
- Introducir mecanismos automáticos de ajuste que garanticen la sostenibilidad financiera.
Advertencia: más impuestos no solucionan el problema
Durante el debate, los participantes coincidieron en que las subidas de impuestos no son una solución viable a largo plazo, ya que pueden afectar negativamente al crecimiento económico, el empleo y la recaudación.
También se alertó de los riesgos de no acometer reformas, entre ellos:
- Pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas
- Mayor presión fiscal sobre trabajadores y empresas
- Incremento de la deuda pública
- Riesgo de ajustes bruscos en el futuro
Un llamamiento a un debate “adulto” sobre las pensiones
El acto concluyó con un llamamiento a abordar el problema de las pensiones desde la transparencia y el rigor. Los ponentes defendieron la necesidad de “tratar a los ciudadanos como adultos” y explicar con claridad los límites del sistema actual.
Desde Atenea se insistió en que España debe afrontar una reforma profunda que garantice la sostenibilidad del sistema, evitando trasladar el coste a las generaciones futuras.
