Hacienda cifra en 2,4 millones de euros el fraude fiscal atribuido al empresario Víctor de Aldama en 2020 por su participación en el llamado “negocio de las mascarillas”, según un informe remitido al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. El documento, incorporado a la investigación de una de las ramas del caso Koldo, subraya además el “papel relevante” y “esencial” del comisionista para lograr contratos públicos en plena pandemia.
La Agencia Tributaria detalla que la cuota presuntamente defraudada asciende a 2,4 millones de euros, si bien la cuota exigible se reduce a 1,6 millones tras descontar pagos ya realizados en el Impuesto sobre Sociedades por sociedades vinculadas al empresario, entre ellas Deluxe Fortune y MTM 180 Capital. Este ajuste no elimina, sin embargo, los indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública.
El informe también apunta a responsabilidades en la empresa Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos de suministro sanitario durante la crisis del Covid-19. Según Hacienda, la mercantil habría reducido indebidamente la cantidad a declarar, con un fraude estimado en torno a 200.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020. En este entramado, los investigadores sitúan como principal interesado al empresario Juan Carlos Cueto, a quien la Fiscalía considera el titular real de la compañía.
Los técnicos de la Agencia Tributaria destacan que Aldama actuó como figura clave para la obtención de contratos públicos, gracias a su proximidad y red de contactos en el sector público. Por su parte, Cueto habría desempeñado un papel determinante en la dirección operativa del negocio, utilizando la estructura empresarial del Grupo Cueto para canalizar las adjudicaciones.
Esta investigación se desarrolla en paralelo a la causa que instruye el Tribunal Supremo, donde están siendo juzgados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones ilegales. El procedimiento analiza decisiones adoptadas en 2020, en el momento más crítico de la pandemia, cuando las administraciones públicas multiplicaron las compras de material sanitario.
El caso Koldo se ha convertido en uno de los principales focos judiciales relacionados con la gestión de contratos de emergencia durante el Covid-19. Las conclusiones de Hacienda refuerzan la hipótesis de que existió una estructura organizada para intermediar en adjudicaciones públicas, con beneficios económicos relevantes y posibles irregularidades fiscales.
A medida que avanzan las investigaciones, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, el informe de la Agencia Tributaria añade presión sobre los implicados al aportar datos concretos sobre el presunto fraude fiscal y consolidar el papel de los principales actores dentro de la trama.
