La devolución del IRPF a pensionistas mutualistas avanza tras la entrada en vigor de la reforma publicada en el BOE el pasado 25 de julio. La medida permite a los jubilados —incluidos los funcionarios mutualistas y sus herederos— reclamar las cantidades abonadas de más entre 2019 y 2022, con devoluciones que pueden alcanzar hasta 4.000 euros por año, es decir, 16.000 euros en total.
El origen está en la sentencia del Tribunal Supremo (707/2023), que reconoció que durante décadas Hacienda no aplicó la reducción del 25% a las pensiones derivadas de aportaciones realizadas a mutualidades laborales antes de 1979. Esta situación afectó a colectivos como policías del Montepío del Cuerpo General o profesores de la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria, posteriormente integradas en MUFACE.
Para acreditar el derecho a la devolución, MUFACE ha enviado certificados a los mutualistas del Fondo Especial, lo que permitirá presentar la reclamación ante la Agencia Tributaria. El procedimiento se realiza a través de un formulario único en la web de Hacienda, válido para todos los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2022.
La Agencia Tributaria tiene de plazo hasta el 30 de diciembre de 2025 para abonar estas devoluciones, que se efectuarán en un único pago. No será necesario presentar autoliquidaciones adicionales ni acudir a asesorías fiscales, ya que el sistema calculará automáticamente la cantidad correspondiente.
Entre los beneficiarios están los perceptores de pensiones complementarias de la Seguridad Social o de Clases Pasivas, así como los que reciben prestaciones de fondos especiales como MUFACE o Mugeju. Sin embargo, el proceso excluye a quienes ya recibieron devoluciones en ejercicios anteriores o no cotizaron nunca a una mutualidad laboral obligatoria.
La medida ha contado con un amplio consenso político en el Parlamento, con la excepción de Vox, que votó en contra de la enmienda introducida en la Ley de Seguros de Automóviles que dio soporte legal a esta corrección fiscal.
En palabras de los expertos, se trata de una medida “especialmente sensible” en España por el alto número de funcionarios afectados y el impacto económico que supone para sus familias.
