El precio de la electricidad continúa tensionando la economía española. Mientras Francia, Alemania, Italia o Países Bajos han logrado contener e incluso reducir su factura energética, España cerró octubre con un encarecimiento del 18,7% respecto al año anterior, situándose como una excepción dentro del contexto europeo. El incremento, según analistas, impacta directamente en la inflación, encareciendo bienes y servicios y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares.
El fenómeno no responde únicamente al coste de producción energética. Buena parte del precio final corresponde a peajes, impuestos, cargos y regulación, lo que convierte la electricidad en un gasto fiscal indirecto que presiona la economía familiar e industrial. "Pagamos más por política que por electricidad", afirman críticos con el modelo actual. Para el economista José Ramón Riera, "el sistema convierte cada kilovatio consumido en un impuesto que alimenta la inflación y asfixia a familias y empresas".
Mientras el resto del continente recoge los frutos de modelos más estables, España afronta un escenario energético condicionado por un mix de producción tensionado. Tras el cierre progresivo del parque nuclear y la reducción de ayudas fiscales aplicadas durante la crisis energética, el país ha aumentado su dependencia del ciclo combinado, basado en gas y derivados del petróleo, más costoso y volátil. A ello se suma la menor producción solar en invierno, lo que obliga a recurrir a tecnologías más caras para garantizar el suministro.
El contraste europeo es contundente. Francia registró una caída cercana al 14% en la factura eléctrica apoyada en su infraestructura nuclear, mientras Alemania marcó un descenso del 1%, incluso en plena transición energética. En España, además del coste de generación, ha vuelto el IVA al 21% tras haber sido reducido temporalmente al 5% durante meses de crisis. El resultado: una factura mensual que crece, empresas menos competitivas y un consumidor cada vez más tensionado.
Impacto económico directo
El encarecimiento eléctrico no afecta solo al recibo doméstico. La industria, motor productivo del país, enfrenta facturas energéticas más elevadas que sus competidores, lo que reduce competitividad exterior y favorece importaciones más baratas en lugar de producción nacional. Esto se traduce en presión sobre exportaciones, menor actividad interna y un riesgo de desindustrialización progresiva.
El aumento del coste energético se ha convertido en uno de los principales factores inflacionarios del IPC en España, arrastrando al alza el precio de alimentos, transporte y servicios. Cada etapa del ciclo económico depende en mayor o menor medida de la electricidad, por lo que su encarecimiento tiene efectos en cadena.
Un debate urgente
El debate sobre el modelo energético vuelve al centro del tablero político. Expertos reclaman mayor estabilidad regulatoria, optimización de impuestos y una estrategia de transición planificada que combine renovables con reservas firmes. “Estamos pagando un coste energético brutal, hogares y empresas sufren mientras en Europa bajan los precios”, denunciaba Riera en su análisis. El escenario abre interrogantes sobre la hoja de ruta del sistema eléctrico español en un contexto donde la eficiencia y la soberanía energética serán claves para el futuro económico.
