España atraviesa un periodo de crecimiento económico sostenido por deuda, no por actividad productiva real. Así lo reflejan los datos del primer semestre de 2025 publicados por Eurostat, cifras que han reactivado la preocupación entre economistas y analistas financieros sobre la sostenibilidad fiscal del país. “Tenemos fecha de caducidad, y pinta que para el 31 de diciembre de 2026 vamos a estar muy tocados”, advirtió el economista José Ramón Riera, una de las voces más críticas con la evolución macroeconómica reciente.
Los datos muestran que mientras los ingresos aumentaron un 6,5 %, los gastos lo hicieron un 6,1 %, lo que ha generado un nuevo desequilibrio de 32.800 millones en solo seis meses. Pero la clave no está solo en el déficit: por cada euro que crece el PIB, la deuda pública aumenta 1,5 euros. El PIB nominal sube un 5,4 %, mientras que la deuda crece un 4 %, absorbiendo casi toda la capacidad de expansión económica.
El peso de la deuda: un aviso severo para los próximos años
El coste financiero se ha convertido en un elemento decisivo. Los intereses de la deuda han alcanzado 20.552 millones en el semestre, un aumento del 8,2 %. Esta cifra supera ya el presupuesto anual de diversas políticas públicas, lo que en términos estructurales compromete la capacidad del Estado para responder a nuevas tensiones económicas.
Riera alerta de que esta dinámica indica que “la economía se está inflando artificialmente”, apoyada en deuda y no en productividad o inversión real. Según su análisis, España ha consumido en seis meses el 80 % del límite de déficit prometido a Bruselas, fijado en el 2,5 % para todo el año.
La desaceleración del PIB agrava el escenario
El Producto Interior Bruto real muestra un crecimiento inferior al 2 %, evidenciando una desaceleración clara respecto al año anterior. Los datos del INE, pese a las dudas planteadas por algunos economistas, confirman que el ritmo de expansión se reduce tanto en términos nominales como reales.
Los ingresos fiscales han subido de forma excepcional gracias a la inflación, pero este impulso se considera coyuntural. Los gastos, sin embargo, son estructurales y ya se encaminan a superar los 780.000 millones de euros, con previsiones que podrían acercarlos a los 800.000 millones en 2025 si se suma el aumento previsto en inversión en defensa.
El riesgo de un 2026 crítico y las exigencias de Bruselas
Tanto el Gobierno como el FMI, la OCDE y el Banco Mundial prevén un crecimiento más débil en 2026, en torno al 2 %. En un escenario de ralentización y con la regla fiscal europea en vigor, España podría afrontar un ajuste severo.
Riera no oculta su preocupación: “Preparémonos para lo que nos viene en 2026. La economía puede pegar un petardo por el déficit y la deuda”. Si la tendencia actual se mantiene, advierte, el país entraría en diciembre de 2026 en una situación fiscal “muy seria, por no decir extremadamente preocupante”.
En su análisis insiste en que el Estado se está sosteniendo exclusivamente mediante endeudamiento masivo, un modelo que no puede prolongarse sin consecuencias. “España gasta más de lo que ingresa, la deuda crece más rápido que la economía y el déficit sigue fuera de control”, resume.
Un debate inaplazable sobre sostenibilidad fiscal
Los próximos meses serán decisivos para medir la capacidad de España para reconducir sus cuentas públicas en un contexto internacional cada vez más exigente. Con la vigilancia reforzada de Bruselas, el margen de maniobra se estrecha y la presión financiera aumenta.
El análisis coincide en un punto: sin reformas, sin contención del gasto y sin impulso a la actividad productiva, el país se encamina hacia un 2026 crítico que podría marcar un punto de inflexión en la estabilidad fiscal española.
