El economista José Ramón Riera ha lanzado un fuerte reproche hacia el Gobierno por un supuesto desfase de 41.500 millones de euros en caja hasta septiembre de este año —y una cifra aún mayor, de 58.000 millones, si se suman retenes con las comunidades autónomas—.
El origen de la acusación de Riera
Riera sostiene que el Estado ha gastado 41.500 millones más de lo que ha ingresado en los nueve primeros meses del año, y denuncia que el Gobierno de María Jesús Montero ha manipulado esos números para presentar un panorama menos dramático. Según él, la verdadera cifra de déficit de caja podría elevarse a 58.000 millones si se tiene en cuenta el menor envío de recursos a las comunidades autónomas y entidades locales.
En su comentario, Riera acusa a Hacienda de retener casi 17.000 millones con las CCAA, especialmente aquellas gobernadas por partidos de derecha, para mejorar sus cuentas ante Bruselas. Afirma también que, si esos recursos se hubieran transferido, el desequilibrio sería aún más acusado y difícil de esconder.
¿Qué dicen las cuentas oficiales?
1. El déficit oficial del Estado
El Ministerio de Hacienda ha publicado que el déficit del Estado a 30 de septiembre de 2025 se sitúa en el 1,91 % del PIB.
- En términos absolutos, esto equivaldría a unos 32.000 millones de euros de déficit acumulado.
- Este dato, aunque relevante, no coincide con la afirmación de "41.500 millones en caja" de Riera.
2. Transferencias a las comunidades autónomas
Riera argumenta que el Estado ha reducido las entregas a las CCAA en 17.000 millones para mejorar artificialmente su caja. En cambio, fuentes oficiales señalan otra realidad: para 2026, el Gobierno ha programado un récord de entregas a cuenta para las comunidades, con 157.731 millones de euros previstos, según el Ministerio de Hacienda.
Este dato contradice la versión de Riera sobre un recorte estructural masivo, aunque la distribución y ejecución real de esos fondos puede variar y está sujeta a negociación presupuestaria.
Riesgos y matices que no hay que pasar por alto
- Diferencia entre déficit contable y “déficit de caja”: El término “déficit de caja” no es equivalente al déficit presupuestario. Puede referirse a flujos de caja reales (ingresos recibidos frente a pagos realizados), pero no siempre coincide con los datos contables oficiales gestionados por Hacienda.
- Liquidaciones autonómicas: Parte del déficit se explica por la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2023, que afecta a las cuentas del Estado. Agencia Tributaria+1
- Impacto temporal y extraordinario: El déficit reportado por Hacienda incluye algunas partidas extraordinarias y reordenaciones propias de la gestión presupuestaria, lo que puede distorsionar la lectura simplista de “gastar más que ingresar”.
¿Dónde acierta Riera y dónde se equivoca?
Aciertos:
- Señala un problema real de desfase entre ingresos y pagos que puede tensionar la liquidez del Estado.
- Acentúa un debate importante: la financiación de las comunidades autónomas y si se producen retrasos en las transferencias institucionales, algo que puede generar dificultades reales en la prestación de servicios públicos.
Limitaciones o exageraciones:
- La cifra de 58.000 millones parece no estar respaldada por los datos oficiales públicos de Hacienda, que hablan de un déficit mucho más moderado en términos contables.
- Su discurso político (crítica directa a Montero) mezcla interpretación técnica con acusaciones personales, lo que puede polarizar más que clarificar.
Un mensaje con base, pero también con alarma
José Ramón Riera pone el foco sobre lo que él considera una maniobra contable grave por parte del Gobierno para maquillar su liquidez. No es la primera vez que se prescribe desconfianza hacia la ejecución presupuestaria. Sin embargo, sus afirmaciones más rotundas no se alinean completamente con los datos oficiales más recientes.
Desde un punto de vista informativo, su discurso encarna una advertencia urgente: si sus estimaciones fueran ciertas, el Estado podría enfrentarse a una dificultad financiera significativa. Pero, de momento, las cifras públicas no respaldan del todo ese escenario extremo. Lo que sí está claro es que el debate sobre el gasto, los pagos a las comunidades y la transparencia presupuestaria seguirá siendo relevante en 2025.
