En solo siete años, las cotizaciones sociales que pagan los empresarios en España han aumentado un 52%, mientras que el número de empresas se ha mantenido prácticamente estancado e, incluso, ha registrado una caída en el último año, según datos oficiales de Eurostat y el Ministerio de Trabajo.
Este incremento de la presión fiscal sobre el empleo se ha producido sin un crecimiento paralelo del tejido empresarial, lo que ha encendido las alarmas entre autónomos, pymes y organizaciones empresariales, que advierten de una pérdida progresiva de competitividad en la economía española.
Menos empresas, más cargas: una ecuación insostenible
Mientras los ingresos por cotizaciones no dejan de crecer, impulsados por las reformas del sistema y la subida del salario mínimo, el número de empleadores no acompaña esta evolución. Según los últimos registros del Ministerio, el número de empresas activas en España ha disminuido respecto al año anterior, algo que no ocurría de forma sostenida desde la pandemia.
En términos reales, esto significa que hay menos empresas soportando una mayor carga contributiva, lo que deriva en una presión adicional para quienes sostienen el empleo y la inversión productiva. Para muchos analistas, esta tendencia supone un riesgo para la generación de empleo estable y para la atracción de inversión tanto nacional como extranjera.
Consecuencias sobre la economía real
Empresarios, autónomos y expertos en economía laboral alertan de que esta situación penaliza especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido productivo español. "Cada nuevo contrato cuesta más a las empresas, no solo por los salarios, sino por las cotizaciones sociales. Esto desincentiva la contratación, sobre todo en sectores sensibles como el comercio, la hostelería o los servicios profesionales", explican desde asociaciones sectoriales.
Además, esta presión creciente sobre el coste laboral puede tener un efecto directo en la deslocalización de empresas, la reducción de márgenes para reinversión y, a largo plazo, en la capacidad de creación de empleo.
El debate pendiente: ¿sostenibilidad o asfixia fiscal?
La evolución de las cotizaciones sociales plantea un debate clave en la política económica española: cómo equilibrar la financiación del sistema de Seguridad Social sin comprometer la salud del tejido empresarial. Aunque el incremento de las cotizaciones ha contribuido a sostener las prestaciones públicas, muchos empresarios consideran que el sistema actual traslada de forma excesiva el peso fiscal a los empleadores, en un contexto de incertidumbre económica, inflación y ralentización del consumo.
¿Hasta cuándo podrá soportarlo el tejido empresarial?
La cuestión que muchos se hacen es hasta cuándo podrá sostenerse esta dinámica sin consecuencias estructurales. En un momento en que otros países de la UE aplican incentivos fiscales o reducciones de cargas para apoyar a las pymes, España mantiene una de las presiones fiscales sobre el trabajo más elevadas del entorno europeo.
