La implantación de un régimen de financiación singular para Cataluña, pactada entre el Gobierno de España y la Generalitat, supone un avance sustancial hacia la independencia fiscal de la comunidad autónoma. Este acuerdo, presentado como una solución política al bloqueo institucional, establece que Cataluña asumirá plenamente la gestión, liquidación, recaudación e inspección del IRPF a partir de 2026, en un proceso gradual que podría extenderse a otros tributos.
Según el documento publicado por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), este paso representa una amenaza directa al actual sistema tributario español, al romper con los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y unidad de gestión. La iniciativa, inicialmente concebida como una exigencia política para lograr la investidura del presidente de la Generalitat, se formalizó en una reunión bilateral el pasado 14 de julio.
Consecuencias operativas y jurídicas del nuevo modelo
El nuevo régimen contempla que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) absorba todas las funciones que actualmente desempeña la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en ese territorio. Este traspaso implica la cesión de recursos humanos, materiales y tecnológicos, y su implementación progresiva comenzará con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Los inspectores de Hacienda alertan de que este modelo no está contemplado en la Constitución y que podría tener efectos muy negativos para el conjunto del país, incluyendo:
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La desaparición funcional de la AEAT en Cataluña, generando una ruptura en la gestión integral de los impuestos.
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La ineficiencia del sistema fiscal, al dificultarse el cumplimiento de obligaciones tributarias, reducirse la seguridad jurídica y aumentar el riesgo de fraude fiscal.
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La imposibilidad de mantener una base de datos fiscal unificada, lo que compromete la gestión de devoluciones del IRPF, el control de grandes patrimonios, las operaciones internacionales y el combate a delitos como las tramas de IVA.
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Una pérdida de capacidad del Estado para ofrecer prestaciones como el ingreso mínimo vital, ayudas a familias numerosas, o la bonificación al gasóleo, que actualmente se gestionan desde la AEAT.
Impacto financiero y político
En términos económicos, Cataluña aportó en 2022 más de 49.000 millones de euros en ingresos tributarios, lo que supone cerca del 19,35% del total nacional. Sólo en concepto de IRPF, generó más de 21.000 millones de euros. La cesión de este volumen impositivo a la Generalitat transformará el flujo de recursos entre administraciones, y podría restar financiación a otras comunidades autónomas si el régimen se generalizase.
La IHE advierte de que permitir que otras comunidades accedan a este modelo singular supondría, de facto, la desaparición del Estado tal y como se conoce, dejando a cada autonomía la responsabilidad de aportar voluntariamente a los gastos comunes como las pensiones, los intereses de deuda o las prestaciones sociales.
Un proceso sin retorno
Aunque la ministra de Hacienda ha afirmado que este régimen podría estar disponible para otras comunidades, los inspectores consideran que su generalización es inviable por el riesgo de desarticulación del sistema fiscal estatal.
Los firmantes del informe afirman que los pasos actuales son “irreversibles” y encaminan a Cataluña hacia una plena soberanía fiscal, con todas las implicaciones legales, económicas y sociales que ello conlleva.
Por todo ello, instan al Gobierno a no utilizar a la AEAT como moneda de cambio política y a preservar la integridad del sistema tributario nacional, advirtiendo de que la eficiencia fiscal, la equidad y el control del fraude están en juego.
