Durante el encuentro, que coincide con el 30º aniversario de la institución, los expertos han abogado por un cambio de paradigma: no solo auditar cuánto se gasta, sino evaluar si ese gasto logra realmente los objetivos públicos y el impacto social para el que fue diseñado.
Hacia un control dinámico y tecnológico de los presupuestos
Bajo el lema 'Evaluación continuada, el nuevo reto del control del sector público', figuras clave como Esther Pallarols, directora general de presupuestos de la Generalitat, y Mireia Borrell, directora de Ivalua, han analizado la necesidad de implementar mecanismos de seguimiento en tiempo real.
Pere Ruiz, miembro del Consejo Directivo del Colegio Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC), ha destacado que la adopción de un enfoque de evaluación continua permitiría un seguimiento dinámico de la ejecución presupuestaria. Según los expertos, este salto requiere necesariamente la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas que faciliten una toma de decisiones informada y transparente para la ciudadanía.
Este nuevo modelo de auditoría busca fortalecer la confianza en las instituciones. Joan Vall, presidente del Colegio, ha subrayado la relevancia de celebrar este foro en la cámara catalana, recordando que los auditores son agentes que garantizan el buen funcionamiento institucional. "Somos una herramienta fundamental de transparencia y de generación de confianza tanto en el tejido empresarial como entre la ciudadanía", ha afirmado Vall durante la jornada, y ha puesto de relieve el papel de las diputaciones y entes locales en la mejora de la gestión pública.
Integridad pública y lucha contra la corrupción
La jornada también puso el foco en la prevención del fraude con la participación de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Su director, Josep Tomàs Salàs, y la directora adjunta, Olinda Anía, han destacado el papel de la institución como garante de la integridad democrática.
Un dato revelador compartido durante el evento ha sido el incremento exponencial de las denuncias recibidas gracias a la protección de los informantes y la posibilidad del anonimato, pasando de 174 en 2016 a más de 2.000 en 2025.
El reto es mayúsculo, especialmente ante el último Barómetro de la OAC, que indica que el 82% de la población percibe la existencia de una corrupción elevada. El objetivo estratégico de la OAC y de los profesionales de la auditoría es reducir esta percepción mediante una gestión pública más impecable y coordinada.
Para ello, se destacó la importancia de la colaboración entre instituciones, como la Central de Compras de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), para agilizar la relación entre las entidades locales y los auditores bajo criterios de máxima transparencia.
