La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la magistrada Inmaculada Iglesias, ha encomendado oficialmente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la investigación del caso que afecta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión, reflejada en un auto fechado este viernes, responde a la petición expresa de la Fiscalía, que había solicitado la implicación de esta unidad especializada “atendiendo a la complejidad y el carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”.
La pieza separada, dentro de una causa mayor en curso, aborda posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, y se suma a la ya existente investigación por fraude fiscal y falsedad documental, por la que González Amador ya está procesado.
El epicentro de la investigación: operaciones con material sanitario y facturación a Quirón Prevención
El auto judicial alude directamente a las conclusiones preliminares de la Agencia Tributaria, que ha identificado movimientos económicos sospechosos durante los años 2020 y 2021 en la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio, de la que González Amador figura como socio y administrador único. En ese periodo, la sociedad habría experimentado un notable aumento de ingresos derivados, entre otros, de intermediaciones en ventas de material sanitario y facturación elevada a su principal cliente, Quirón Prevención SL.
Estas operaciones se produjeron en plena pandemia y, según el informe fiscal, podrían estar relacionadas con una estructura de intermediación presuntamente irregular, que habría beneficiado al empresario de forma opaca y posiblemente ilícita. La UCO deberá ahora seguir la pista de estas actividades para determinar si hubo desvío de fondos, comisiones encubiertas, blanqueo o cualquier otra tipología delictiva.
Competencia ampliada y plazo para recurrir
La jueza Iglesias, en su auto, otorga un plazo de cinco días a las partes para interponer recurso de apelación contra la decisión de delegar la investigación en la UCO. Esta unidad de élite de la Guardia Civil, con dilatada experiencia en casos de corrupción institucional, fraudes fiscales y tramas empresariales complejas, tomará ahora las riendas de una instrucción que podría extenderse más allá del ámbito madrileño dada su dimensión interprovincial.
Implicaciones políticas y judiciales
El caso adquiere especial relevancia por el vínculo personal de González Amador con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque Isabel Díaz Ayuso no figura como investigada en la causa, la evolución del procedimiento y el posible hallazgo de nuevas ramificaciones podría tener implicaciones tanto políticas como institucionales. Desde la oposición ya se han reclamado explicaciones, mientras que desde el entorno de la presidenta se insiste en que se trata de una “investigación particular ajena a su labor política”.
Antecedentes del caso
González Amador ya fue procesado a principios de este año por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Según la investigación previa, el empresario habría utilizado facturas falsas para inflar gastos y reducir así artificialmente la base imponible de su empresa, con el fin de evadir impuestos. Estas irregularidades sumarían, según la Agencia Tributaria, un fraude superior a los 350.000 euros.
La entrada de la UCO supone un refuerzo cualitativo de la investigación y marca una nueva etapa en la instrucción, centrada ahora en posibles derivadas de corrupción empresarial y vínculos con otras entidades o personas.
Próximos pasos
La UCO podrá requerir documentación, realizar inspecciones o solicitar informes a otras agencias y administraciones, así como citar a nuevos testigos o posibles investigados. La jueza Iglesias mantiene la pieza separada abierta a nuevas imputaciones si de la investigación se derivan responsabilidades adicionales. La magnitud del entramado económico bajo sospecha, así como su extensión territorial, serán claves para determinar el alcance real del caso y su eventual repercusión judicial.
Mientras tanto, el entorno jurídico y político de la Comunidad de Madrid sigue con atención los movimientos de la causa, que podría marcar un punto de inflexión en la agenda pública de los próximos meses.
