El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha emitido un comunicado en el que acusa al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de mostrar una “costumbre prevaricadora”. Estas acusaciones se basan en lo ocurrido con una testigo clave del caso, en el que el magistrado habría atribuido una declaración que nunca pronunció.
Preocupación socialista
La portavoz del PSOE, Esther Peña, expresó la “preocupación” del partido ante las actuaciones del juez, asegurando que “la Justicia debe ser garantista”. Según Peña, Peinado habría mentido al atribuir a una testigo, la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Gil de Antuñano, una afirmación inexistente relacionada con la contratación de Gómez. Peña afirmó que esta conducta “deja entrever una costumbre prevaricadora que nos pone en alerta”.
Reacciones del Gobierno
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, respaldó las declaraciones de Peña y fue más allá al señalar que el juez “prevaricó al mentir en sede judicial” y utilizar esa mentira como base para imputar a Juan José Güemes, directivo del IE y también investigado en la causa.
López subrayó que estas acciones son “graves y alarmantes” y que el caso pone de manifiesto la necesidad de proteger la independencia judicial y el rigor en los procedimientos legales.
El caso Begoña Gómez
El caso investiga posibles irregularidades en la contratación de Begoña Gómez por el IE, una institución académica de prestigio. Según los audios publicados por el programa ‘La Hora de la 1’ de TVE, el juez habría afirmado que Gil de Antuñano dijo que Gómez fue contratada “por ser la esposa del presidente del Gobierno”. Sin embargo, la testigo nunca habría realizado tal declaración, lo que genera dudas sobre la imparcialidad y los procedimientos utilizados por el magistrado.
Implicaciones legales
La acusación de prevaricación contra un juez es un asunto de gran trascendencia, ya que implica la violación deliberada de la legalidad en el ejercicio de sus funciones. El PSOE ha enfatizado la necesidad de garantizar que el proceso judicial sea transparente y justo, mientras el caso continúa avanzando.
Por su parte, ni el juez Peinado ni sus representantes han emitido comentarios hasta el momento sobre las acusaciones vertidas por el PSOE y el ministro López.
