La decisión responde a denuncias sobre la "Ley Begoña", la libertad de los medios de comunicación y la independencia del Fiscal General, que está imputado por su presunta implicación en una operación de Estado contra un rival político.
Denuncias sobre independencia judicial y separación de poderes
Durante su intervención, Ayuso ha señalado que las instituciones europeas deben conocer lo que considera un intento del Gobierno de "retorcer las instituciones" y "manosear el Poder Judicial". En su discurso, ha hecho referencia a la composición del Tribunal Supremo y al papel del Tribunal Constitucional, afirmando que el Ejecutivo busca garantizar su impunidad en asuntos como los ERE de Andalucía, el procés y el indulto a figuras afines.
"Esto se va a saber en Europa, y ya nos encargaremos de que el Gobierno no quede impune, porque esto destruye la democracia", ha afirmado Ayuso, quien también ha criticado el posicionamiento internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de abrir la puerta a regímenes "bolivarianos".
¿Qué investigará la Comisión Europea?
La investigación preliminar del Parlamento Europeo analizará varios aspectos del Estado de Derecho en España, entre ellos:
- La compatibilidad de la “Ley Begoña” con la normativa europea.
- Si el Gobierno español respeta los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea.
- El grado de independencia del Fiscal General y su implicación en operaciones políticas.
- Posibles medidas a tomar, incluyendo audiencias, visitas de información o preguntas a la Comisión Europea.
Además, la petición ha sido remitida a varias comisiones clave del Parlamento Europeo, como la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Jurídicos y Asuntos Constitucionales, para el seguimiento de la iniciativa.
Impacto político y reacción del Gobierno
Este anuncio supone un nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central en un contexto de alta tensión política. La investigación europea podría generar repercusiones en la imagen del Gobierno de Sánchez en Bruselas, especialmente en un momento en el que las instituciones comunitarias han expresado preocupación por el respeto al Estado de Derecho en varios países de la UE.
Con esta medida, la Comunidad de Madrid pone el foco en la actuación del Gobierno central y la independencia judicial, llevando el debate más allá del ámbito nacional y situándolo en el centro de la política europea.
