La manifestación en defensa de la educación pública, prevista inicialmente para el pasado 28 de abril, ha sido reprogramada para el 13 de mayo, después de que el apagón eléctrico obligara a cancelar la convocatoria. La decisión fue adoptada durante la asamblea del lunes por las plataformas agrupadas bajo el nombre ‘Por la Pública’, que representa a las seis universidades públicas madrileñas.
Aunque la nueva fecha ya ha sido propuesta, desde la plataforma Menos Lectivas, que agrupa a más de 200 asambleas de colegios e institutos, han señalado que aún barajan el 12 o el 13 de mayo como fecha definitiva. En cualquier caso, la marcha está pendiente de confirmación por parte de los sectores preuniversitarios y de la autorización de la Delegación del Gobierno.
La manifestación forma parte de un movimiento más amplio que cobró fuerza el pasado lunes, cuando, antes del apagón, ya se había iniciado una jornada de huelga educativa. Desde primera hora, docentes, estudiantes y personal universitario participaron en piquetes informativos, concentraciones y asambleas, especialmente en los campus universitarios, como el de Somosaguas (UCM).
Durante el día se denunciaron aspectos como la privatización progresiva del sistema universitario, la injerencia del Gobierno regional en la autonomía universitaria y la limitación de la libertad y el asociacionismo estudiantil. Las protestas se acompañaron de pancartas, cánticos y camisetas verdes, con lemas como “universidad pública y de calidad” y “el profe, luchando, también está enseñando”.
En el ámbito de la educación no obligatoria, también se celebraron asambleas, como la convocada en el parque de Peñuelas, donde 400 personas debatieron sobre próximos pasos y la posibilidad de convocar una huelga indefinida para el próximo curso.
Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, se cifró el seguimiento de la huelga en un 6,4% en el ámbito no universitario. No obstante, Menos Lectivas estimó, a partir de un muestreo en unos 100 centros, que el seguimiento real fue del 50% en Infantil y del 20% en Primaria y Secundaria.
El consejero Emilio Viciana calificó la huelga como "lamentable e innecesaria", acusando a los convocantes de "usar la educación con fines políticos". Aun así, defendió los avances alcanzados con el profesorado, como la reducción de la jornada lectiva en Secundaria a 19 horas a partir del próximo curso.
