La Comunidad de Madrid ha anunciado que llevará al Gobierno central ante los tribunales por no financiar la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley de Eficiencia de la Justicia. Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un encuentro informativo organizado por Europa Press.
García Martín ha explicado que el Gobierno de España no ha dotado a las comunidades autónomas con los recursos económicos necesarios para la ejecución de esta norma, incumpliendo el principio de lealtad institucional y las reglas básicas del sistema de financiación autonómica.
“La ley se ha aprobado sin contar con las comunidades autónomas que tenemos las competencias en materia de Justicia, y sin haber calculado el impacto económico que supone su implementación”, ha asegurado el consejero, quien cifró en 43 millones de euros el coste que tendrá para la Comunidad de Madrid.
Recurso contencioso ante el Tribunal Supremo
Ante la falta de respuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que canceló la Conferencia Sectorial de Justicia prevista para el pasado viernes, el Ejecutivo madrileño ha formalizado un requerimiento previo al Gobierno central.
En caso de no ser atendido, el consejero ha advertido que interpondrán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por la vulneración del marco legal de financiación entre administraciones.
Exigencia de diálogo institucional
García Martín también ha informado del envío de una nueva carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, solicitando la inmediata convocatoria de una Conferencia Sectorial que incluya seis puntos clave para el buen funcionamiento del sistema judicial, entre ellos la financiación de la Ley de Eficiencia.
“No se puede cargar sobre las espaldas de las comunidades autónomas una ley de estas características sin garantizar ni financiación ni consenso”, ha sentenciado el portavoz madrileño.
Contexto de la Ley de Eficiencia
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia tiene como objetivo modernizar la administración judicial mediante nuevas tecnologías, oficinas de justicia municipales y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Sin embargo, su desarrollo requiere inversiones significativas, especialmente en infraestructuras digitales, personal y formación.
