La tensión entre el Gobierno y el ámbito judicial se intensifica. Cientos de jueces y fiscales se han concentrado este viernes frente al Tribunal Supremo para exigir la retirada de las reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, conocidas como la ‘ley Bolaños’. Esta protesta es la antesala de una huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio, con el respaldo mayoritario de las asociaciones profesionales del sector, a excepción de las más cercanas a sensibilidades progresistas.
Un rechazo generalizado, salvo entre las asociaciones progresistas
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han liderado esta movilización. El acto frente al Supremo ha sido calificado como una manifestación cívica e institucional en defensa de la independencia judicial y del principio de separación de poderes.
Los convocantes remarcan que la concentración no va dirigida contra ningún poder del Estado, sino que pretende visibilizar la necesidad de una Justicia independiente como pilar fundamental del Estado de derecho. La elección del Supremo como lugar para esta concentración no ha sido casual: según los manifestantes, simboliza la culminación del esfuerzo de miles de opositores que acceden a la carrera judicial o fiscal tras años de formación bajo criterios de mérito y capacidad.
Una reforma controvertida: acceso, funciones y autonomía
La denominada ‘ley Bolaños’ contempla una profunda reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, así como un rediseño del papel de la Fiscalía, especialmente en lo relativo a la atribución de las investigaciones penales a los fiscales en lugar de los jueces de instrucción. Esta medida ha sido interpretada por los convocantes como una amenaza directa a la imparcialidad del proceso penal y al equilibrio de poderes en el sistema judicial español.
El Gobierno, por su parte, mantiene que la reforma es “imprescindible para modernizar la Justicia”. El ministro Bolaños ha calificado de “infundados” los temores de las asociaciones, al tiempo que ha atribuido la reacción del sector a una resistencia natural al cambio. No obstante, las asociaciones judiciales advierten de un posible debilitamiento de la independencia judicial, y exigen la retirada inmediata del proyecto legislativo.
La huelga, una amenaza inminente
Las asociaciones profesionales ya protagonizaron el pasado 11 de junio un paro simbólico de diez minutos frente a las sedes judiciales, y en una consulta interna posterior, más del 80 % de los miembros consultados se pronunciaron a favor de ir a la huelga.
La concentración de este viernes representa el último aviso antes de la huelga general del sector prevista para los primeros días de julio. Las organizaciones aseguran que mantendrán las protestas salvo que el Gobierno dé marcha atrás en sus reformas, algo que, hasta la fecha, el Ejecutivo ha descartado rotundamente.
Pocas concesiones tras los contactos institucionales
En los últimos días, los representantes de las asociaciones se han reunido con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y con miembros del grupo parlamentario socialista, en un intento de explorar vías de entendimiento. Sin embargo, calificaron dichos encuentros como “cordiales, pero estériles”, insistiendo en que no hubo compromisos concretos sobre la retirada o modificación de las medidas legislativas.
Clima de confrontación creciente
La protesta marca un nuevo capítulo en el creciente enfrentamiento entre el Gobierno y los operadores judiciales, y eleva la presión en un momento político especialmente delicado. A tan solo días del inicio de la huelga, las asociaciones convocantes reclaman al Ejecutivo que rectifique su postura, mientras reiteran su defensa de una Justicia profesional, independiente y ajena a interferencias partidistas.
De mantenerse el pulso, España se enfrenta a una huelga sin precedentes recientes en el ámbito judicial, que podría tener un fuerte impacto en la actividad de los tribunales y en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad del sistema judicial.
