La organización española Hazte Oír ha elevado este martes a la comunidad internacional su denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En una intervención formal ante el 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su secretario general, el letrado Javier María Pérez-Roldán, ha acusado al Ejecutivo español de “acaparar el poder institucional” mediante reformas legales que, a su juicio, podrían derivar en una “situación autoritaria y de impunidad”.
El foco de la denuncia es la conocida como “Ley Bolaños”, una propuesta de reforma impulsada desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes —que encabeza Félix Bolaños— y que según sus detractores otorgaría a la Fiscalía un papel de dirección sobre las investigaciones judiciales en detrimento del poder de los jueces. Hazte Oír advierte que esto supondría “anular de facto la independencia judicial” en España.
Denuncia internacional por riesgo institucional
En su discurso ante la ONU, Pérez-Roldán ha asegurado que España “atraviesa una grave crisis política y moral” y ha denunciado que el propio presidente del Gobierno “se encuentra acorralado por casos de corrupción que afectan a su entorno familiar, a su partido y a la Fiscalía General del Estado”. En ese contexto, la llamada Ley Bolaños sería, según sus palabras, “una reforma para limitar el margen de actuación de los jueces en búsqueda de la impunidad”.
Hazte Oír acusa además al Ejecutivo de Sánchez de una estrategia general de colonización institucional, en la que incluiría:
- El control político de la Fiscalía General.
- La ocupación ideológica del Tribunal Constitucional.
- La manipulación de medios de comunicación.
- El control de unidades policiales con funciones judiciales.
- La aprobación de una amnistía a condenados por delitos graves.
- Y la existencia de “sospechas de fraude electoral”.
Ante esta situación, la organización ha solicitado ante el Consejo de Derechos Humanos que:
- Se condene la Ley Bolaños como una amenaza a la independencia judicial.
- Se active una misión internacional de observación democrática y judicial en España.
- Se eleve el caso al Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
- Se tomen medidas diplomáticas de protección para jueces, fiscales, periodistas y miembros de la Guardia Civil, que podrían estar siendo presionados o coaccionados.
Reacciones políticas y contexto nacional
La intervención se produce en un momento especialmente tenso en el panorama político español, con la oposición alertando de que las reformas judiciales del Gobierno buscan desactivar causas penales que podrían implicar a altos cargos del PSOE, mientras el Ejecutivo defiende que la medida pretende “reforzar la agilidad y eficacia del proceso penal”.
En paralelo, el anuncio de esta comparecencia en Ginebra ha sido recibido con frialdad por parte del Gobierno, que considera a Hazte Oír una entidad “sin representatividad democrática ni legitimidad institucional”. Sin embargo, el gesto ha encontrado eco en amplios sectores de la sociedad civil, así como entre juristas y asociaciones judiciales que también han expresado públicamente su preocupación por la reforma.
¿Qué es la “Ley Bolaños”?
La “Ley Bolaños” es el nombre con el que se conoce mediáticamente al proyecto de reforma del proceso penal en España, por el cual el Ministerio Fiscal asumiría un papel de dirección de la instrucción judicial en causas penales, desplazando la función de los jueces instructores. Esta modificación lleva años en estudio y fue reactivada por el Gobierno de coalición en 2024, bajo el argumento de modernizar el sistema penal y adaptarlo a estándares europeos.
Sin embargo, diversas asociaciones judiciales han advertido que, en el actual marco institucional español —donde el Gobierno designa al Fiscal General del Estado—, esta concentración de poder podría afectar gravemente al principio de separación de poderes y control independiente de las causas penales.
