Alberto González Amador ha comunicado al Tribunal Supremo que retira su recurso para aumentar a 300.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La decisión llega después de que el propio García Ortiz presentara un aval hipotecario de 150.000 euros, cantidad que duplica la fijada inicialmente y que, según González Amador, “cubre en la práctica” sus reclamaciones por daños morales.
El movimiento se produce en un contexto complejo, marcado por la rectificación del magistrado instructor, que rebajó de 150.000 a 75.000 euros la cuantía de la fianza al detectar un error en el auto inicial. Aun así, la garantía hipotecaria consignada por el fiscal general asegura una cobertura superior a lo que solicitaba la parte perjudicada.
Argumentos del desistimiento
En su escrito, González Amador justifica el desistimiento en la naturaleza de la garantía presentada, que asegura las responsabilidades pecuniarias derivadas de un eventual fallo judicial. Asegura que su vida personal y familiar se ha visto gravemente afectada desde marzo de 2024, cuando la Fiscalía difundió un comunicado con correos electrónicos de su defensa, en los que se abría la puerta a un acuerdo por los delitos fiscales por los que ha sido procesado.
El empresario alegó en su momento que desde entonces ha sido señalado públicamente como “defraudador confeso” o “delincuente confeso” por responsables políticos y medios de comunicación, lo que motivó su petición inicial de incrementar la fianza hasta 300.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.
La posición del magistrado
El juez del Supremo había reducido la fianza a 75.000 euros tras descartar que incluyera la posible multa, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que impide computar sanciones en una medida cautelar. Tomando como referencia demandas previas, estimó razonable una indemnización de 50.000 euros más intereses y costas, lo que elevó la cifra final.
Pese a ello, el aval hipotecario entregado por García Ortiz garantiza, según las fuentes jurídicas consultadas, que cualquier disposición del bien inmueble constituiría un delito de alzamiento de bienes, lo que otorga seguridad suficiente a la parte denunciante.
Un juicio pendiente
El fiscal general del Estado afrontará juicio en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, después de que el instructor considerara acreditado de forma indiciaria que filtró a un medio de comunicación los correos de la defensa de González Amador. Será en sentencia firme donde se decidan tanto la multa como la indemnización definitiva, al margen de la fianza ahora depositada.
