La controversia política de los últimos días ha girado en torno a una conversación de WhatsApp de 2021 entre el entonces capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, y su confidente, el empresario José Luis Caramés, en la que se hizo referencia a una supuesta “bomba lapa”. La difusión inicial de esta información generó una ola de declaraciones por parte del Gobierno que, posteriormente, se ha demostrado infundada.
El origen del escándalo radica en que varios medios de comunicación, entre ellos El Plural y La Sexta, publicaron extractos de esa conversación que fueron interpretados como una fantasía de atentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de Bonilla. En concreto, los mensajes recogían frases como: “O una bomba lapa. En los bajos” y “Algún sicario venezolano”, lo que fue presentado como un supuesto plan contra Sánchez.
Ante esta publicación, varios miembros del Ejecutivo reaccionaron de inmediato. El ministro Óscar López, la vicepresidenta primera María Jesús Montero y la portavoz del Gobierno Pilar Alegría arremetieron públicamente contra Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, y exigieron a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su cese inmediato. López afirmó con contundencia que “no puede ser que un cargo público que cobra 60.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno”.
La rectificación de La Sexta, sin embargo, echó por tierra esta versión. El director de su informativo de las 20:00, Rodrigo Blázquez, reconoció públicamente en la red social X un “error incomprensible de comprensión lectora”. En su mensaje, aclaró que “el capitán de la UCO y su confidente hablan de que el sanchismo les va a poner una bomba lapa a ellos”, no al revés, como se había informado previamente.
En realidad, el contenido completo de la conversación revela que Bonilla ironizaba sobre la posibilidad de ser él mismo el objetivo de un atentado por sus investigaciones sobre corrupción. Las partes omitidas del diálogo, publicadas por otros medios como The Objective, indican que el contexto era una conversación privada cargada de sarcasmo, donde Bonilla expresa su temor a represalias por su papel en la investigación del conocido ‘caso Koldo’, que estallaría en 2024.
Esta rectificación pública provocó una inmediata reacción desde la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribió en X: “La Sexta ha rectificado. Ahora solo queda que lo haga el Gobierno”. A su vez, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, acusó al Ejecutivo de seguir difundiendo una mentira “desmontada con toda claridad”.
En paralelo, las declaraciones de la ex alto cargo del PSOE Leire Díez, implicada en otra polémica por haber ofrecido presuntas ventajas judiciales a cambio de información contra la UCO, alimentaron aún más la tensión política. Ante esta nueva revelación, formaciones como Sumar y Podemos pidieron explicaciones al presidente Pedro Sánchez y expresaron su preocupación por la gravedad de los hechos.
En un intento de desviar el foco del caso Leire Díez, el Ejecutivo centró la atención en los mensajes de Bonilla. Sin embargo, el uso político de una conversación incompleta y malinterpretada ha acabado volviéndose en su contra. A pesar de las aclaraciones de La Sexta y la difusión de los mensajes completos que desmienten cualquier intento de magnicidio, el Gobierno mantiene su postura y no ha rectificado oficialmente.
Finalmente, desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para exigir a Ayuso el cese de Bonilla, insistiendo en su culpabilidad, a pesar de la evidencia contraria ya publicada.
El episodio ha puesto de manifiesto la fragilidad de los límites entre la información, la desinformación y el uso político del relato mediático, así como la necesidad de responsabilidad en la comunicación institucional cuando se trata de temas de tal gravedad.
