La controversia generada por los audios de Leire Díez, militante socialista y conocida como “la fontanera del PSOE”, ha intensificado las tensiones políticas entre el Gobierno y la oposición, y ha reabierto viejas fisuras en el seno del Ejecutivo de coalición.
En dichos audios, difundidos por Telemadrid, Díez arremete contra un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un tono que algunos califican de amenazante o manipulador. Estas grabaciones han provocado una reacción crítica de los socios de gobierno, que exigen transparencia y respeto institucional.
Desde Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido clara: “Hay que cuidar y respetar las instituciones, también la UCO”. Durante su visita a la Feria del Libro de Madrid, Díaz afirmó que, si se confirman los hechos, “son de una gravedad extraordinaria” y ha recordado que “la regeneración democrática es imprescindible en España”.
En la misma línea, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se mostró “muy preocupada” por los audios y exigió al presidente Pedro Sánchez que dé explicaciones públicas. Según Montero, este episodio demuestra que “el PSOE no ha hecho nada para acabar con las cloacas del Estado que han operado durante años contra fuerzas políticas independientes”.
Mientras tanto, el sector socialista del Gobierno ha reaccionado cerrando filas. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de protagonizar una campaña de “insultos, bulos y patrañas”. Según Alegría, la estrategia del PP se basa en “arrasar cualquier línea de dignidad política y respeto”, y ha lamentado que “no aceptan los resultados de las elecciones de 2023”.
En un tono más agresivo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha comparado los siete años de mandato de Pedro Sánchez con los “siete pecados capitales”, exigiendo el fin de lo que considera “una etapa negra para España”.
A este escenario de creciente polarización se añade la información publicada por El Confidencial, según la cual, con la reforma impulsada por el ministro Félix Bolaños, la UCO pasará a depender exclusivamente de la Fiscalía, lo que ha sido interpretado por algunos como un intento del Gobierno de limitar la autonomía operativa de la Guardia Civil.
Además, fuentes del entorno empresarial implicadas en tramas de corrupción, como el caso Koldo, han señalado a Pedro Sánchez y Santos Cerdán como posibles instigadores de maniobras contra miembros de la UCO, lo que añade más tensión a la situación.
En resumen, los audios de Leire Díez han desatado una tormenta política que no solo enfrenta al Gobierno con la oposición, sino que también revela fisuras entre los socios de coalición sobre cómo abordar casos que implican a las instituciones del Estado. En este contexto, la exigencia de explicaciones claras y depuración de responsabilidades se ha convertido en una demanda transversal en el arco parlamentario.
