El Gobierno ha negado cualquier implicación en el reciente nombramiento de Gonzalo Conde-Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como gerente de Políticas Públicas, Competencia y Asuntos Regulatorios en Telefónica, empresa en la que el Estado mantiene una participación del 10 % del capital.
La aclaración llega como respuesta escrita a una pregunta parlamentaria formulada por el grupo Vox, que pedía explicaciones sobre una posible intervención gubernamental o conflicto de intereses en el proceso de contratación del hijo del máximo responsable del órgano que vela por la constitucionalidad de las leyes en España.
En su contestación, a la que ha accedido Servimedia, el Ejecutivo descarta cualquier influencia y subraya que "es responsabilidad de las compañías privadas definir los perfiles que integran su organización de acuerdo con sus necesidades". Añade además que las decisiones empresariales se rigen por su propia lógica de negocio, y no por indicaciones políticas.
Nombramiento formalizado con nuevo liderazgo
Aunque el proceso de selección de Gonzalo Conde-Pumpido comenzó en septiembre de 2024, bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete, el nombramiento se ha oficializado ya en 2025, con Marc Murtra al frente de la operadora, tras la reconfiguración del consejo de administración impulsada en parte por la entrada del capital público y saudí.
El fichaje ha despertado críticas desde la oposición, que ve una posible colisión entre la independencia judicial y los intereses empresariales del Estado, máxime cuando Telefónica mantiene importantes contratos públicos y un peso simbólico e institucional en el panorama económico español.
Defensa de la autonomía empresarial
Desde Moncloa se ha hecho hincapié en que la autonomía de gestión de las empresas donde participa el Estado debe respetarse, especialmente en lo relativo a la contratación de personal, evitando interpretaciones que sugieran interferencias políticas. El Gobierno concluye que "las decisiones empresariales corresponden exclusivamente a las entidades privadas en el marco de su estrategia corporativa".
Este tipo de nombramientos no requiere, por tanto, ni autorización previa ni supervisión directa por parte de la Administración General del Estado, ni de organismos como la SEPI, salvo en casos que afecten a los máximos órganos ejecutivos o estratégicos de la compañía.
Reacciones y contexto político
La incorporación de Gonzalo Conde-Pumpido a un puesto de relevancia regulatoria en Telefónica ha alimentado el debate sobre puertas giratorias, a pesar de no tratarse de un cargo de designación política. Sin embargo, desde sectores críticos se advierte sobre la imagen de connivencia entre grandes empresas, instituciones del Estado y el poder judicial en un momento de especial tensión política por los casos de corrupción y la percepción de desconfianza hacia las élites.
El caso se produce además en un contexto en que el Gobierno está siendo observado de cerca por sus decisiones en torno a empresas estratégicas, tras el reciente conflicto comercial con Estados Unidos y la situación judicial que involucra a destacados miembros del PSOE.
Aunque la explicación oficial cierra, por ahora, cualquier intento de vincular el nombramiento con decisiones gubernamentales, la oposición ya ha anunciado que seguirá pidiendo transparencia, especialmente cuando se trata de empresas donde el capital público puede influir en el gobierno corporativo.
