El Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) han firmado este martes, 16 de julio, un convenio de colaboración para impulsar la mediación como vía alternativa para la resolución de conflictos. El acuerdo ha sido suscrito por la coordinadora general de la Alcaldía, Inmaculada Sánchez-Cervera, y el decano del COAM, Sigfrido Herráez, en el marco del protocolo establecido entre ambas entidades en septiembre de 2024.
El objetivo del convenio es fomentar y divulgar la mediación a través de proyectos, programas y actividades conjuntas, promoviendo una cultura de resolución de disputas que evite la judicialización de conflictos, especialmente en el ámbito civil, mercantil y urbanístico. En este sentido, la institución MEDIACOAM, integrada en el Colegio de Arquitectos, será un agente clave para difundir esta herramienta entre sus colegiados y la ciudadanía, además de seguir formando a arquitectos en procedimientos de mediación.
Este esfuerzo conjunto pretende ofrecer una alternativa más ágil, económica y eficaz que la vía judicial tradicional o el arbitraje, facilitando la resolución consensuada de controversias en contextos tan diversos como la planificación urbana, la ejecución de obras o la convivencia vecinal.
Desde el Ayuntamiento se destaca que la Oficina de Mediación, creada en 2023 como servicio público pionero, ya ha demostrado su eficacia. Solo en 2024 gestionó 130 procesos de mediación, con un resultado satisfactorio en 71 casos, y atendió un total de 342 consultas, que dieron lugar a más de 400 actuaciones. En el primer semestre de 2025, ya se han registrado 333 casos atendidos, con 107 procedimientos de mediación en curso, reflejo del creciente interés por esta herramienta.
El acuerdo también contempla intercambios de experiencias entre el Ayuntamiento y el COAM en la aplicación práctica de la mediación, así como la promoción conjunta de jornadas formativas, charlas informativas y campañas de sensibilización que fortalezcan la confianza ciudadana en estos métodos alternativos.
Ambas instituciones subrayan que esta alianza responde a un compromiso compartido por reducir la litigiosidad, acercar la administración a la ciudadanía y favorecer soluciones dialogadas y eficientes en situaciones de conflicto, especialmente en una ciudad como Madrid, donde la complejidad urbanística y social exige herramientas flexibles y eficaces de gestión de discrepancias.
