El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado con firmeza la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la petición del juez Juan Carlos Peinado para investigarle, asegurando que el auto “pone las cosas en su sitio” y que “nunca nada dio lugar a tanto”, en referencia al alcance mediático y político del caso.
El alto tribunal desestimó el martes abrir diligencias contra Bolaños al considerar que existe una “absoluta ausencia de indicios” en relación con los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falso testimonio, a raíz de la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Plena confianza en la Justicia y el Estado de derecho
Bolaños ha reiterado su plena confianza en el sistema judicial español y en las garantías que ofrece el Estado de derecho. Según ha declarado, el auto del Supremo demuestra que “el sistema funciona” y que este tipo de causas, sin fundamento jurídico, “se irán apagando poco a poco”, en alusión a la evolución previsible del caso que también afecta indirectamente a la figura de la esposa del presidente.
“Gracias a quienes contaron la verdad y defendieron que no había nada”, ha expresado el ministro, reconociendo públicamente el respaldo recibido durante el proceso por parte de colaboradores, compañeros y personas de su entorno.
Sin embargo, ha lanzado un mensaje crítico hacia quienes —según él— utilizaron políticamente la acusación: “No puedo decir lo mismo de los que sabían que no había nada e intentaron manchar mi nombre y perjudicar a mi familia. Pesará en su conciencia”, zanjó con contundencia.
Un caso con alto componente político
La decisión del Supremo llega en un contexto marcado por el uso judicial de denuncias de fuerte carga política, y supone un respaldo al Ejecutivo en medio del debate sobre la judicialización de la vida política en España. El caso, que nació como una investigación en torno a presuntas irregularidades en la contratación de una asesora de confianza de Begoña Gómez, se ha ido desinflando judicialmente mientras ha sido utilizado como arma arrojadiza desde ciertos sectores de la oposición.
La defensa pública que ha realizado Bolaños de su actuación y la del Gobierno subraya la estrategia del Ejecutivo de confrontar lo que considera acusaciones infundadas con hechos jurídicos sólidos, apelando a las decisiones de los tribunales superiores para desmontar las polémicas mediáticas.
Una causa que apunta a cerrarse
La decisión del Tribunal Supremo ha sido interpretada como un punto de inflexión en un procedimiento con escaso sustento probatorio, y que podría dar paso al archivo progresivo del resto de derivadas judiciales relacionadas con este asunto. Aunque la figura de Begoña Gómez permanece aún bajo el foco de ciertas investigaciones preliminares, las declaraciones de Bolaños insinúan que el Gobierno espera un desenlace similar a corto o medio plazo.
En este sentido, el ministro ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad institucional y confianza en la justicia, al tiempo que ha lamentado las consecuencias personales y familiares de lo que considera una instrumentalización política de los tribunales.
La causa, que ha tenido eco nacional e internacional, parece así encaminarse hacia su extinción judicial, mientras el Gobierno insiste en su voluntad de defenderse “con hechos y con el respaldo del Estado de derecho” frente a lo que califica como campañas de descrédito sin fundamento.
