La medida, que rebaja en 50 millones de euros la aportación estatal al programa, obligará a las comunidades autónomas a asumir ese importe, lo que ha sido calificado como un "tijeretazo" por parte de varios gobiernos regionales.
La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha criticado duramente esta decisión del equipo de la ministra Ana Redondo, al considerar que el Ejecutivo central pretende recortar en plena ejecución presupuestaria y trasladar el coste a las comunidades. "Nos vamos a oponer. No es aceptable que el Gobierno de España pretenda que financiemos un recorte de esta envergadura cuando los presupuestos ya están aprobados", ha afirmado Dávila.
La nueva distribución establece que el Ministerio de Igualdad financiará el 75% del plan, mientras que el 25% restante correrá a cargo de las comunidades autónomas. Hasta ahora, el Estado se hacía cargo del 100%. Desde Madrid insisten en que la conciliación y el apoyo a la mujer y la maternidad son prioridades que no deben ser condicionadas por recortes imprevistos del Gobierno central.
Pese a las críticas generalizadas, solo Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha han votado a favor del nuevo modelo de financiación. El resto de comunidades, según fuentes consultadas, se abstuvieron.
Por su parte, la ministra Ana Redondo ha defendido la reforma como una mejora del plan en términos de cogobernanza y corresponsabilidad financiera, que busca reducir la brecha de género en los cuidados y reforzar la corresponsabilidad institucional y familiar.
El Plan Corresponsables, que ha contado con 142,5 millones de euros en esta edición, es una de las principales políticas del Gobierno en materia de igualdad y conciliación, y se ejecuta en colaboración con entidades locales y comunidades autónomas.
Desde el Gobierno madrileño han reiterado su compromiso con las políticas de conciliación, al tiempo que exigen que el Ejecutivo central reconsidere un recorte que, según afirman, pone en riesgo la continuidad y eficacia de estas medidas sociales esenciales.
