El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad en un pleno extraordinario que la huelga de jueces convocada para la próxima semana carece de base legal, al no contar con el respaldo normativo necesario. Esta decisión se produce a raíz de la convocatoria de cinco asociaciones judiciales y fiscales, que anunciaron tres jornadas de paro en protesta por las reformas legislativas que afectan al acceso a la carrera judicial y al estatuto del Ministerio Fiscal.
Fuentes del CGPJ han confirmado que, al no existir soporte jurídico para que los jueces ejerzan el derecho a huelga, “no procede tener por anunciada” dicha convocatoria. En consecuencia, el Consejo no establecerá servicios mínimos, dado que la medida de presión no puede ser legalmente reconocida.
Sin sanciones, pero con advertencias
En cuanto a la posibilidad de que se impongan sanciones a los magistrados que secunden el paro, el Consejo recuerda que no existen antecedentes punitivos en situaciones similares desde el año 2019. A pesar de la falta de legalidad, no se prevé represalias disciplinarias, al menos por el momento.
No obstante, el CGPJ ha determinado que de producirse finalmente la huelga, no deberá interrumpirse en ningún caso el reparto de asuntos, los servicios de guardia, las decisiones urgentes de instrucción, los procedimientos de derechos fundamentales, la atención a personas vulnerables ni las medidas cautelarísimas, ni cualquier otra actuación judicial cuya demora pueda resultar incompatible con los derechos fundamentales o con la dignidad institucional del Poder Judicial.
Críticas a la reforma judicial
Además de la valoración jurídica sobre la huelga, el Consejo ha reiterado sus reparos a la reforma del acceso a la carrera judicial impulsada por el Gobierno. El CGPJ denuncia que la propuesta legislativa es injustificada, rebaja los requisitos ordinarios de acceso mediante un proceso extraordinario de estabilización (cuarto turno) y no se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional, afectando negativamente al principio de igualdad.
El órgano de gobierno de los jueces también advierte que la estabilización prevista de cientos de jueces y fiscales sustitutos no resolverá el problema estructural de la justicia interina, cuyo marco normativo sigue vigente.
División interna, pero acuerdo unánime sobre la legalidad
Aunque el pleno ha alcanzado la unanimidad respecto a la ilegalidad de la huelga, otros puntos del acuerdo han contado con una mayoría conservadora compuesta por diez vocales y la presidenta Isabel Perelló, frente al rechazo de nueve vocales progresistas y la abstención del vocal Carlos Hugo Preciado. Este último, si bien vinculado al bloque progresista, ha mantenido posiciones diferenciadas en votaciones anteriores.
La mayoría del Consejo ha aprovechado el contexto para lanzar un mensaje institucional de reconocimiento al esfuerzo de los miembros de la carrera judicial y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los poderes del Estado, tanto legislativo como ejecutivo y jurisdiccional, en la preservación de la independencia del Poder Judicial.
Reacciones en el horizonte
Mientras tanto, las asociaciones convocantes de la huelga han mostrado satisfacción por el “masivo apoyo” recibido en sus protestas recientes, y mantienen su postura crítica frente a unas reformas que consideran un ataque a la independencia judicial. Todo apunta a que el conflicto entre los jueces y el Ejecutivo se mantendrá latente, con un Poder Judicial que, aunque dividido en lo ideológico, coincide plenamente en que la huelga, por ahora, no tiene cobertura legal.
