La Coordinadora de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado problemas graves, que van desde fallos en los sistemas informáticos hasta la falta de personal, poniendo en evidencia una falta de previsión y coordinación por parte de la Consejería de Justicia madrileña.
La jornada ha estado marcada por la caída de sistemas de gestión procesal, impresoras sin conexión y expedientes judiciales almacenados en cajas, lo que ha provocado retrasos y dificultades para atender a los ciudadanos. En varios partidos judiciales, como Arganda del Rey, a mediodía aún no se había tomado declaración a detenidos, mientras en Navalcarnero la atención al público sigue limitada debido a una mudanza incompleta. En otras localidades como Collado Villalba y Alcorcón, la antigua estructura de juzgados continúa operativa a la espera de que se complete la transición.
La implantación de estos nuevos Tribunales de Instancia responde a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que establece una reestructuración del servicio público de Justicia para mejorar su eficiencia. Sin embargo, según CCOO, la Comunidad de Madrid ha diseñado unas oficinas judiciales que perjudican tanto a las plantillas como a los usuarios del sistema. La especialización de los trabajadores se pierde al fusionar funciones en tres grandes servicios comunes —Tramitación, General y Ejecución— lo que, según el sindicato, deteriora la calidad del servicio y la atención a los ciudadanos.
Además, la Comunidad de Madrid ha optado por no solicitar la prórroga de seis meses que permitía la ley para adaptar la transición, a pesar de reconocer las dificultades actuales. Esta decisión ha dejado a decenas de puestos sin cubrir en plena temporada estival, agravando la sobrecarga de trabajo para los funcionarios.
CCOO reclama a la Consejería de Justicia que asuma sus responsabilidades y garantice los recursos humanos y técnicos necesarios para que la implantación de los Tribunales de Instancia no suponga un perjuicio para la justicia y para los ciudadanos madrileños. El sindicato insiste en que el compromiso debe centrarse en una planificación realista que priorice la calidad del servicio público y las condiciones laborales del personal.
