Las asociaciones vecinales del distrito de Villa de Vallecas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han lanzado una contundente llamada a la acción ante la amenaza de desalojo que pesa sobre las 200 familias de la calle Mazaterón, en el Ensanche de Vallecas. La alarma se ha desatado tras la venta de las viviendas de alquiler asequible —hasta ahora propiedad de la Fundación “la Caixa”— al fondo de inversión MOSAIC PROPCO S.L.U., que ha comunicado su decisión de no renovar los contratos de alquiler.
En estos pisos, de unos 40 metros cuadrados, viven familias monomarentales, jóvenes con bajos ingresos, mayores sin alternativas habitacionales, personas con discapacidad y vecinos que, tras la crisis de 2008, encontraron allí su única opción de estabilidad. Los alquileres, entre 400 y 600 euros mensuales, se ofrecieron durante años como una vía de acceso a vivienda asequible y con componente social. Ahora, con la compra del edificio por el fondo, el mensaje es claro: finalizados los contratos, deberán abandonar sus hogares o asumir precios de mercado imposibles.
Las organizaciones denuncian que estas viviendas, originalmente protegidas y con vocación social, han quedado desprotegidas tras expirar su calificación, lo que ha permitido la venta “a un fondo buitre cuyo plan declarado es vaciar el edificio y maximizar beneficios”. Consideran la operación un ejemplo más de especulación inmobiliaria sobre un bien esencial como la vivienda, y acusan a la Fundación “la Caixa” de “abandonar a 200 familias en manos de un actor especulativo”.
Una irresponsabilidad institucional y un problema estructural
Las asociaciones vecinales aseguran que esta situación se produce por la falta de herramientas efectivas de protección en la Comunidad de Madrid. “Si las viviendas protegidas tuvieran protección permanente y las administraciones ejercieran el tanteo y retracto, esto no estaría ocurriendo”, denuncian. Critican la ausencia de una ley autonómica que desarrolle el artículo 47 de la Constitución, la cual derive en un mercado más regulado y accesible. El resultado, afirman, es un contexto de desahucios crecientes, alquileres desorbitados y barrios expulsando a sus propios vecinos.
La reivindicación: adquirir las viviendas y proteger a las familias
Las asociaciones PAU Ensanche de Vallecas, La Colmena de Santa Eugenia, La Unión de la UVA y la FRAVM exigen al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España que acuerden una operación conjunta para que sus empresas públicas —EMVS, AVS y SEPES— adquieran el edificio de Mazaterón y lo incorporen al parque público de vivienda de alquiler asequible.
Reclaman que se mantengan los contratos actuales de manera indefinida, sin subidas abusivas ni presiones, y que las administraciones actúen con celeridad para garantizar la continuidad del proyecto social al que estaban destinadas las viviendas.
“Nadie debería vivir con la angustia de no saber si dentro de unos meses dormirá en su casa o en un recurso de emergencia”, señalan. Las entidades advierten de que defender a las familias de Mazaterón es defender el derecho a la vivienda de toda la ciudad, y llaman a la movilización para impedir que los fondos de inversión sigan expulsando a vecinos vulnerables.
El conflicto llegará al pleno municipal
El próximo 25 de noviembre, las familias afectadas llevarán su situación al pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde reclamarán una solución institucional que frene los desalojos. Las asociaciones vecinales han anunciado que acompañarán a los vecinos en esta acción y que continuarán impulsando movilizaciones hasta garantizar que nadie sea expulsado de su hogar.
