La Comunidad de Madrid reducirá de diez a cinco años el tiempo de empadronamiento necesario para poder solicitar el alquiler de una vivienda protegida. La medida formará parte del nuevo Reglamento de Vivienda Pública, cuya aprobación está prevista para el mes de julio, según ha anunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en el Pleno de la Asamblea.
El objetivo del Ejecutivo regional es facilitar el acceso a la vivienda pública y adaptar la normativa a la realidad residencial actual, dentro del plan de choque para impulsar la oferta y agilizar los procedimientos.
Menos requisitos para el alquiler y nuevas excepciones
El nuevo marco establecerá que el requisito de empadronamiento de cinco años se aplicará únicamente a las viviendas protegidas en régimen de alquiler. Además, no se exigirá ningún periodo mínimo en el caso de residencias de estudiantes o viviendas compartidas.
Otra novedad relevante es que, cuando el requisito sea obligatorio, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia, lo que permitirá ampliar el número de potenciales beneficiarios.
Asimismo, la Comunidad introducirá excepciones para proteger situaciones previas. No tendrán que cumplir el requisito de empadronamiento quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan firmado contratos de compraventa u opción de compra, cuenten con títulos de adjudicación o hayan realizado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco afectará a los socios de cooperativas que ya hayan invertido en suelo o en el propio inmueble.
Más seguridad jurídica y acceso más ágil
Según fuentes de la Consejería, estos cambios buscan reforzar la seguridad jurídica y evitar perjuicios a quienes ya habían adquirido compromisos, además de adaptar la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales.
Durante su intervención, Rodrigo explicó que el nuevo reglamento pretende definir un marco estable para la vivienda con protección pública, con tres grandes objetivos: impulsar la construcción, facilitar su gestión y aumentar la oferta disponible.
El consejero destacó además que el Gobierno regional ha ejecutado ya el 95 % del primer plan de choque en materia de vivienda, y subrayó que el texto normativo continúa en fase de enmiendas antes de su aprobación definitiva.
Simplificación administrativa y mayor oferta
Entre las medidas incluidas en el futuro reglamento destaca la simplificación de los trámites administrativos, mediante la incorporación de la declaración responsable para la calificación definitiva de las viviendas y para otros procedimientos, como el visado de contratos o títulos de acceso.
Con este conjunto de reformas, la Comunidad de Madrid pretende agilizar los procesos, reducir cargas burocráticas y facilitar el acceso real a la vivienda protegida, en un contexto de alta demanda y creciente dificultad para acceder al mercado residencial en la región.
