Actualmente, los arrendadores pueden aplicar una reducción general del 50% en el IRPF sobre el rendimiento neto obtenido por el alquiler de vivienda habitual. La propuesta en estudio contempla que esa bonificación pueda reducirse o limitarse en el caso de quienes decidan subir la renta en la firma de un nuevo contrato, sin afectar a las actualizaciones anuales permitidas conforme a los índices fijados por la normativa vigente.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia que combina incentivos y posibles desincentivos fiscales. En paralelo, el Ejecutivo ha planteado reforzar las bonificaciones para aquellos propietarios que mantengan congelada la renta en las renovaciones contractuales, utilizando el IRPF como herramienta para favorecer la estabilidad de precios.
El diseño técnico de la iniciativa todavía está en fase de elaboración y negociación. De prosperar, su aprobación requeriría el respaldo del Congreso, previsiblemente mediante un real decreto ley que posteriormente tendría que ser convalidado por la Cámara Baja.
Contexto político y mercado tensionado
El debate se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler, con incrementos significativos en numerosas ciudades y dificultades crecientes para acceder a una vivienda en condiciones asequibles. La propuesta ha generado distintas posiciones entre los grupos parlamentarios, algunos de los cuales consideran que las medidas fiscales deben complementarse con otras reformas estructurales.
Por el momento, el Ejecutivo mantiene abiertas las conversaciones con las formaciones políticas para concretar el alcance definitivo de la iniciativa y valorar su viabilidad jurídica y parlamentaria antes de su eventual tramitación formal.
