La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha lanzado una nueva advertencia sobre el impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) en la seguridad ciudadana, calificándolas de “agujero negro” para el control policial y la convivencia vecinal. La organización reclama a la Delegación del Gobierno en Madrid que refuerce los controles sobre la identidad de las personas que se alojan en estos inmuebles, tal y como establece la Ley de Seguridad Ciudadana.
Según la FRAVM, más del 95% de las VUT que operan en Madrid lo hacen de forma ilegal, sin licencia ni supervisión administrativa, lo que las convierte en espacios vulnerables para actividades delictivas. “No solo encarecen la vivienda y generan conflictos vecinales, sino que se han transformado en lugares idóneos para la actuación de bandas criminales”, señala la federación.
VUT utilizadas por grupos criminales
En las últimas semanas, los vecinos han visto cómo las VUT se relacionan con hechos delictivos de alto impacto, como el asesinato mafioso ocurrido en un piso turístico del barrio de Rejas (San Blas-Canillejas) o la detención de varios miembros de la llamada “banda del rolex”, que usaban una vivienda de este tipo como base de operaciones.
“Su falta de control las convierte en refugios para delincuentes y en puntos ciegos para la Policía”, advierte la FRAVM, que insiste en que los propietarios de estos alojamientos deben cumplir con el Real Decreto 933/2021, que obliga a todos los establecimientos de hospedaje —incluidas las VUT— a registrar y comunicar a la Policía Nacional la identidad de sus huéspedes.
Petición de controles y coordinación institucional
La federación vecinal remitió el pasado mes de julio un listado con 31 pisos turísticos presuntamente ilegales a la Delegación del Gobierno, solicitando que se verificara si sus propietarios cumplían la normativa vigente. “Es una pequeña muestra que podría servir de base para una campaña de inspecciones más amplia”, indica la organización, que pide además la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, responsable de aplicar las normas urbanísticas y de disciplina en materia de licencias.
Desde 2017, la FRAVM denuncia en el Consejo Local de Seguridad de Madrid la ausencia de control efectivo sobre estos alojamientos, que calcula en más de 15.000 ilegales en toda la ciudad. Pese a las reiteradas demandas, la Delegación del Gobierno no ha respondido todavía a su solicitud, aunque el asunto volverá a abordarse en una reunión programada para el lunes 27 de octubre entre los representantes vecinales y el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
“Es hora de que todas las administraciones actúen”
El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, participará también en la reunión del Consejo Local de Seguridad, donde volverá a reclamar una actuación coordinada entre administraciones. “Es hora de que todas las instituciones competentes actúen conjuntamente para cerrar los pisos turísticos ilegales y frenar los problemas de seguridad y convivencia que generan”, ha señalado.
La federación considera que la expansión descontrolada de estos alojamientos, denunciada desde hace ocho años, requiere una respuesta urgente y firme que combine control policial, sanciones urbanísticas y una regulación clara del sector.
