El conflicto en torno al Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid suma un nuevo capítulo judicial. Más de un centenar de propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para impugnar la normativa municipal que regula este tipo de alojamientos.
El colectivo, representado por el abogado Javier Flores Vaquerizo, sostiene que el plan aprobado por el consistorio es “abiertamente agresivo” con los pequeños propietarios y “criminaliza un uso legítimo del derecho de propiedad”, equiparando a los particulares con grandes operadores mercantiles.
“Una visión reduccionista que empobrece el debate”
En su escrito de defensa, Flores advierte que el Ayuntamiento “ha simplificado el discurso público hasta extremos preocupantes”, donde se asocia turismo con especulación y propietario con problema. Según el letrado, esta postura “empobrece el debate sobre el modelo de ciudad” y erosiona la convivencia entre el turismo y el uso residencial.
Los demandantes reclaman seguridad jurídica, igualdad de trato y una ciudad abierta, en la que “la riqueza del turismo llegue también a las familias madrileñas, autónomos y propietarios locales que generan empleo, pagan sus impuestos y conservan los inmuebles”.
Posibles defectos legales en el Plan Reside
El recurso también apunta a posibles causas de ineficacia del Plan Reside, señalando “defectos en la publicación de los planos, en la delimitación del alcance y en la falta de motivación individualizada de las limitaciones” impuestas a las viviendas turísticas. Estas deficiencias, según los demandantes, podrían permitir que numerosos inmuebles actualmente en actividad legal quedaran exentos de la aplicación de la normativa, abriendo la puerta a nuevas revisiones y defensas judiciales.
Una norma ya bajo la lupa judicial
El TSJM ya admitió recientemente a trámite el recurso del Grupo Municipal Socialista contra el mismo plan, lo que abrió la vía para revisar su legalidad. El PSOE sostiene que el Plan Reside “favorece la expulsión de vecinos y el negocio de los grandes fondos inversores”, mientras que desde el Ayuntamiento se defiende como una herramienta para ordenar la proliferación de viviendas turísticas y proteger el uso residencial en el centro de Madrid.
La demanda colectiva de los propietarios se suma así a la creciente controversia política y social sobre el futuro del alquiler turístico en la capital, un fenómeno que enfrenta a vecinos, empresarios y administraciones en el intento de equilibrar la convivencia y la economía urbana.
